UNA FISCALÍA QUE DEFIENDA EXPRESAMENTE A LA CONSTITUCIÓN: UNA URGENCIA DEMOCRÁTICA

En México, el debate constitucional se ha convertido en el corazón de las decisiones públicas que afectan la vida de millones. Sin embargo, mientras crece la complejidad de estos conflictos, el Estado carece de un órgano especializado que, desde la procuración de justicia, defienda de manera sistemática la integridad del orden constitucional.  

Las reformas constitucionales de la última década transformaron el sistema de justicia mexicano. La transición al modelo penal acusatorio en 2008 y la autonomía constitucional otorgada a la Fiscalía en 2014 redefinieron su papel al reconocer que su misión no se limita a perseguir delitos, sino también a proteger derechos humanos y garantizar la legalidad. No obstante, esta facultad se ha ejercido de manera fragmentada y con escasa proactividad. 

Actualmente, en la Fiscalía existe una Dirección General de Constitucionalidad que ha ejercido con profesionalismo su legal encargo; sin embargo, derivado de los planteamientos anteriores cabría la posibilidad de cuestionarse si dicho encargo no merecería encargarse a una Fiscalía Especializada en Procedimientos Constitucionales. El nombre de la dependencia es irrelevante, lo que sí es importante es que sea un reflector social de la respuesta de la Fiscalía ante los debates nacionales sobre las cuestiones constitucionales más relevantes y, por tanto, que tenga la infraestructura presupuestal, jurídica y política suficiente para defender la legalidad constitucional de la nación.

Aunque existen mecanismos como la denuncia de contradicciones de tesis en materia penal, la atracción de ciertos amparos o la solicitud de declaración de procedencia respecto de funcionarios públicos, estas herramientas han sido insuficientes para consolidar una política institucional orientada a defender la coherencia constitucional del país. 

La defensa de la legalidad en el ámbito de la procuración de justicia ha sido estudiada y desarrollada por juristas como el español Miguel Montoro Puerto, quien - al analizar la Constitución Española - deduce que el Ministerio Fiscal Español se encuentra investido de una doble potestad: la acción de la justicia ordinaria (la persecución del delito) y la defensa de la legalidad constitucional en abstracto; es decir, la unidad y la coherencia del sistema constitucional a partir de la promoción de recursos ante el Tribunal Constitucional Español o rendir informes sin haber sido parte en el proceso.

Las facultades de la Fiscalía abocadas exclusivamente a la defensa de la legalidad constitucional son, en su mayoría: la denuncia de contradicciones de tesis relativas a la materia penal sustantiva y adjetiva (por virtud del interés difuso que rige en dichos asuntos); la facultad de atracción en los juicios de amparo directos o en revisión (artículo 19, fracción XXXVIII, de la Ley de la Fiscalía General de la República); la solicitud de declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados  (artículo 14, párrafo segundo LFRSP).

En un sistema democrático, la participación y la voz de todos, en especial de los órganos del Estado, nutren y enriquecen la calidad de las decisiones. La creación de una Fiscalía Especializada en Control Constitucional no debe entenderse como un ajuste burocrático, sino como una apuesta por fortalecer la democracia mexicana. Una institución con esta misión permitiría que la Fiscalía cumpla plenamente el mandato que la Constitución ya le asigna: proteger el orden jurídico, intervenir en los grandes debates nacionales y defender la vigencia de los derechos humanos. En un Estado constitucional moderno, perseguir delitos es solo una parte del deber; la otra, igualmente esencial, es asegurar que la Constitución permanezca viva, coherente y respetada frente a cualquier desafío.