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UN MÉXICO SEDIENTO DE SU TRANSFORMACIÓN

  • Foto del escritor: Valentina Serrano Zeferino
    Valentina Serrano Zeferino
  • 22 dic 2025
  • 3 Min. de lectura


La gestión del agua en México ha cambiado constantemente bajo la presión del crecimiento urbano, la demanda agrícola y la desigualdad. Durante décadas predominó la idea de que el agua era abundante, pero el agotamiento de los acuíferos, la falta de supervisión y la mala distribución demostraron lo contrario.


 Tras varias leyes desde 1910, el modelo más reciente la Ley de Aguas Nacionales de 1992 creó el sistema de concesiones y a la CONAGUA como autoridad central. Con el tiempo, este sistema mostró fallas graves: sobreconcesiones, contaminación, sequías recurrentes y una brecha profunda entre quienes tienen acceso seguro al agua y quienes dependen de pipas.


 En 2025, en medio de una crisis hídrica y fuertes tensiones sociales, el Congreso aprobó la Nueva Ley General de Aguas. La reforma redefine el agua como un bien público prioritario, limita el acaparamiento, revisa periódicamente las concesiones, prohíbe su transferencia privada y establece mecanismos para garantizar el derecho humano al agua y la sostenibilidad. Su aprobación generó protestas, especialmente del sector agrícola, pero marca un giro decisivo para enfrentar décadas de mala gestión y avanzar hacia un uso más justo y responsable del recurso.

 

¿QUÉ SOLUCIONES PLANTEA LA NUEVA LEGISLACIÓN?


La nueva legislación del agua plantea un conjunto de soluciones orientadas a garantizar el acceso equitativo, fortalecer la gestión del recurso y asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. En primer lugar, busca consolidar el derecho humano al agua, priorizando el uso doméstico y estableciendo mecanismos para que las comunidades con mayor vulnerabilidad hídrica reciban atención preferente. Con ello, pretende reducir las desigualdades históricas en la distribución y disponibilidad del recurso.


 En materia de gestión, la ley propone una reestructuración del sistema de concesiones mediante reglas más estrictas, supervisión continua y sanciones más claras para evitar el acaparamiento y la explotación indebida del agua. Además, fomenta la transparencia mediante registros públicos y promueve la participación de comunidades y usuarios en los procesos de decisión, lo que fortalece la rendición de cuentas y la vigilancia social.


 En cuanto a la sostenibilidad, la nueva legislación impulsa la protección de cuencas y acuíferos, promueve el tratamiento y reúso del agua, y establece lineamientos para enfrentar los efectos del cambio climático. Estas acciones buscan garantizar la disponibilidad del recurso no solo en el presente, sino también para las generaciones futuras.

 

¿CÓMO NOS GARANTIZA EL ACCESO A LA GESTIÓN DE RECURSOS Y LA SOSTENIBILIDAD?


 Hablar de acceso al agua, gestión responsable y sostenibilidad implica mirar todo el panorama, y eso incluye inevitablemente al campo. La crisis hídrica no se vive solo en las ciudades: también golpea a los agricultores, quienes dependen directamente del recurso para producir los alimentos que todos consumimos. Por eso, cuando la nueva legislación prioriza el uso humano y la protección de acuíferos, no está excluyendo al sector agrícola, sino obligándonos a repensar cómo se reparte y se cuida el agua en su conjunto.


En realidad, la sostenibilidad no se puede construir si el campo queda fuera. La falta de agua no es para ellos un inconveniente ocasional, sino la amenaza diaria de perder cosechas enteras. Integrar al sector agrícola en esta discusión no significa abrir otro debate, sino reconocer que el manejo del agua es un solo problema con muchas caras. La solución exige modernizar sistemas de riego, reducir pérdidas, restaurar cuencas y usar el recurso con eficiencia en todos los niveles, desde la ciudad hasta la parcela.


 Así, la reflexión no se divide: se complementa. El acceso justo, la buena gestión y la sostenibilidad sólo pueden lograrse si entendemos que el agua es un tejido que conecta a todos los habitantes urbanos y rurales, y que cualquier cambio en su manejo debe considerar esa interdependencia.

 

Porque, al final, no se trata de quién tiene el agua, sino de quién tendrá futuro.

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