NUEVA LEY DE AGUAS

El artículo 27 Constitucional, garantiza que los recursos del suelo y del subsuelo pertenecen a la Nación y que su explotación estará sujeta al interés público, además de la obligación de vigilar su uso y conservación para beneficiar a la generación actual y las futuras.

El artículo 4, modificado en 2012, establece además el derecho humano de todos los mexicanos a un entorno saludable, estableciendo así la obligación del estado mexicano de garantizar el acceso justo y sostenible para todas las personas mexicanas.

Es precisamente por esto que cuestioné a los Legisladores del régimen sobre que consideran el interés público, que consideran que es garantizar el acceso justo y sostenible.

El proceso de centralización de las concesiones, la creación de delitos a modo y la cancelación de concesiones por sucesión, traspaso o herencia es una declaración tácita de un gobierno inepto que pretende desviar los recursos necesarios para los estudios geodésicos, hídricos y agrícolas para sí, inventando un hombre de paja que viste de mercado negro de aguas.

La cuestión fundamental es evidentemente una discusión falsa: si pretenden mejorar la explotación del agua y regular las concesiones, la Conagua no tendría años de atraso en la resolución de solicitudes, prórrogas y transmisión de derechos, simplemente investigarán, darían mayores recursos para el trazo de mapas y la identificación de pozos y usos de caudales hídricos. Habría procesos de tranferencia tecnológica, así como de conservación y mantenimiento de la capacidad instalada para riego, habría documentos públicos sobre la trazabilidad de los cauces de ríos y arroyos, así como el uso y capacidad de esas aguas. Pero no lo hacen, porque lo que quieren es incentivar el mercado negro.

Mercado negro para el trasciego de agua, quieren hacerse a si mismos huachicol de agua, como ya lo hace Delfina Gómez en el estado de México, robándole agua al los campesinos, quitando el agua para el riego y la producción de alimentos para poder venderla.

Mercado negro para comprar voluntades mediante la coacción y la extorsión, a los productores, no les basta con mandar a sus grupos delincuenciales y cobrar derechos de piso para producir, derecho de paso para vender su cultivos, ahora quieren obligarlos a pagar por su agua y por su riego, quieren fiscalizar las votaciones  de los ejidos y los distritos de riego para que cada elección sean víctimas de chantaje para votar.

Están criminalizando la producción de alimentos y están condicionando el DERECHO HUMANO AL AGUA por simpatías políticas, porque si se pierde un distrito o un municipio, van a inventarse los delitos que les convenga para encarcelar a la gente piensa libre.

Porque en los gobiernos del PRI acabamos con las prácticas desleales, dónde los caciques locales decidan lo que se sembraba en cada población y la cooptación de cultivos; estamos hablando de una reforma regresiva, dónde se le da carta abierta a los inspectores de morena para que decidan si los cultivos de un pequeño productor no son del objetivo que se le pega la gana en la concesión y encarcelen a alguien por no sembrar lo que su mapita se sembrando vida dice. 

Es un mercado negro de corrupción y de discrecionalidad, es el trasciego, es el cobro de agua, es la economía criminal para sacar recursos en efectivo y no fiscalizables para sus propios bolsillos cuando deberían de ser para el propio desarrollo e investigación en la Tecnología del agua. Está propuesta de Ley es el Fantasma de Mccarthy flotando sobre San Lázaro en contra de la Soberanía alimentaria de los Mexicanos.

Saben que la gente se está cansando de sus mentiras y sus complicidades por eso ahora van a perseguir y amenazar a los campesinos y a los agricultores, pero en el campo y en la Confederación Nacional Campesina, pero en los surcos y en las parcelas estarán los extensionistas y asesores para defender la libertad de trabajar, de producir alimentos y rescatar la alimentación de todos los mexicanos, no por ayudar al gobierno, sino para salvar al país.