2025 CERRANDO CON BROCHE DE DUDAS

En medio de las compras navideñas, y cuando la mayoría de los mexicanos creíamos que cualquier cambio importante en el sistema esperaría hasta enero, nos sorprendió una noticia que acaparó las tendencias: la renuncia de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo que comenzó como un anuncio inesperado, pronto se transformó en un cuestionamiento sobre la legalidad de su salida. Al analizar la Ley de la Fiscalía General de la República, surgen contradicciones evidentes. Dicha ley estipula que el titular de la FGR solo puede ser removido por el Presidente (en este caso, la Presidenta) si incurre en causas graves contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Adicionalmente, la remoción procedería bajo supuestos específicos: I. Perder la ciudadanía mexicana. II. Adquirir una incapacidad total o permanente (dictaminada por el ISSSTE) que impida el ejercicio de funciones por más de seis meses. III. Cometer violaciones graves a la Constitución.

Sin embargo, ninguna de estas causas se relacionó públicamente con Gertz Manero. La Presidenta debió acreditar ante el Senado de la República alguna "causa grave", pero en su lugar, fuimos testigos de una invitación para que el ex-fiscal se desempeñara como embajador en un país amigo. Ante este panorama, el Senado tenía la facultad de objetar la remoción, pero dado que la mayoría pertenece al partido Morena, la renuncia fue aceptada y aprobada por mayoría simple.

Aunque la ley indica que la renuncia solamente procede por causa grave calificada por el Senado, pareció importar más la decisión presidencial que el marco normativo.

Como resultado, muchos mexicanos cerramos el año con una Fiscalía de dudosa autonomía, un futuro incierto en la impartición de justicia y un gran vacío de incertidumbre. Surge entonces la pregunta: ¿vale la pena estudiar la situación legal actual o simplemente debemos imaginar el futuro de la institución sin que se respete su normativa?

Esto es crucial, pues para garantizar una autonomía eficaz, las fiscalías deben contar con un marco legal respetado y un presupuesto asegurado. Solo así se evita que el Poder Ejecutivo, el Legislativo u otros órganos utilicen la coerción para manipular a los fiscales, asegurando que estos tengan los recursos y la independencia necesarios para desempeñar sus funciones.

Definitivamente, cerramos el año con una gran interrogante sobre la autonomía de nuestras instituciones.