REFORMA EN TELECOMUNICACIONES: EL ASALTO SILENCIOSO AL EQUILIBRIO DEMOCRÁTICO

En el ajedrez político del México contemporáneo, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por el Ejecutivo federal no es una jugada aislada: es parte de una estrategia mayor para desmantelar los contrapesos que sostienen nuestra democracia. El intento por sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con una agencia bajo control presidencial es, en términos políticos, un retroceso calculado y profundamente preocupante.

Bajo la justificación de “transformar digitalmente al país”, se pretende concentrar funciones reguladoras, operativas y sancionadoras en un solo ente subordinado al Ejecutivo: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Este nuevo organismo tendría facultades para bloquear plataformas digitales, revocar concesiones y supervisar contenidos, todo sin la supervisión independiente que actualmente ofrece el IFT.

La pregunta es clara: ¿por qué desmontar un órgano constitucionalmente autónomo que ha garantizado, aunque con limitaciones, un campo más justo en el ecosistema de medios? La respuesta también lo es: porque al gobierno le incomodan las reglas cuando no puede controlarlas.

Esta reforma no sólo vulnera el principio de autonomía institucional; también erosiona la libertad de expresión al abrir la puerta a la censura bajo pretextos normativos difusos. En otras palabras, esta iniciativa debilita los frenos institucionales que impiden que el poder se convierta en abuso.

Desde la tribuna parlamentaria y la Gaceta del Congreso, la reforma ha sido presentada como parte de un nuevo modelo digital “más eficiente y centralizado”. Pero la eficiencia, cuando va acompañada de opacidad, se convierte en autoritarismo. La centralización absoluta de la rectoría sobre las telecomunicaciones no responde a una necesidad técnica, sino a un impulso político: el control del relato nacional en tiempos de polarización.

Más allá del texto legislativo, el contexto político es revelador: nos encontramos ante un gobierno que ha buscado cooptar o debilitar cada uno de los órganos autónomos —INE, INAI, Cofece, IFT— que han sido pilares de una transición democrática aún inacabada. La reforma en telecomunicaciones, por tanto, no puede leerse como una medida aislada, sino como parte de un proyecto de concentración de poder que pone en jaque la pluralidad y la crítica.

La oposición política, la sociedad civil y los medios independientes deben rechazar esta iniciativa con claridad y firmeza. Defender al IFT no es defender a las empresas ni al statu quo, sino defender la posibilidad de que México no dependa exclusivamente de la voluntad de un solo poder para decidir qué se dice, quién lo dice y hasta dónde se escucha.

La democracia no muere siempre con tanques en la calle. A veces, basta con una iniciativa mal redactada y un Congreso dócil.