DICTADURA CON A, LA LEY CENSURA DE SHEINBAUM: EL SIGUIENTE PASO HACIA UN ESTADO AUTORITARIO

Por décadas, México ha luchado por sacudirse las ataduras del autoritarismo que construyó el PRI, por construir instituciones autónomas, y por garantizar la libertad de expresión como pilar fundamental de nuestra democracia. Hoy, esa conquista histórica está en grave peligro. La “Ley Censura” —oficialmente la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada por la titular del ejecutivo— representa uno de los ataques más directos y sofisticados a los derechos digitales y a la libertad informativa y de expresión en lo que va del siglo XXI.

EL PRETEXTO: COMBATIR LA PROPAGANDA EXTRANJERA

Según el comunicado oficial del Senado, la iniciativa busca impedir que medios mexicanos difundan contenidos considerados como propaganda de gobiernos extranjeros. Se plantea sancionar a concesionarios de radio y televisión con multas de entre el 2% y el 5% de sus ingresos si transmiten ese tipo de materiales, salvo que tengan fines turísticos o culturales. Esto surge tras la transmisión en México de una campaña del gobierno estadounidense contra migrantes, pero se pretende generalizar a todo tipo de “contenido nocivo” extranjero.

El problema no es el deseo de soberanía informativa, sino el mecanismo de censura que esto legitima. ¿Quién determina qué contenido califica como propaganda? ¿Qué ocurre si la crítica proviene de un medio internacional? ¿Bajo qué criterios objetivos se sanciona o bloquea? Estas preguntas no tienen respuesta en la iniciativa. La discrecionalidad es absoluta, y el margen para el abuso, evidente.

LA SUSTITUCIÓN DEL IFT: UNA ALERTA ROJA

Uno de los puntos más peligrosos del proyecto es la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo encargado de regular los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en México. En su lugar, se propone crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente directamente del Ejecutivo.

La ATDT tendría amplias facultades regulatorias, técnicas y sancionadoras. Lo que equivale a entregar al gobierno federal las llaves del ecosistema digital y mediático del país. Esto conlleva un paso atrás respecto a los avances democráticos que, con mucho esfuerzo, dieron vida a instituciones independientes como el IFT, que nacieron para evitar la manipulación política del espectro radioeléctrico.

La centralización del poder en una sola instancia controlada por el gobierno rompe con el principio de separación de poderes, elimina los contrapesos, y genera un riesgo real de persecución contra medios críticos al gobierno.

El artículo 109 del proyecto permite el bloqueo de plataformas digitales que incumplan con los términos establecidos por el gobierno, sin definir con claridad los motivos ni los procedimientos. Esta cláusula ha generado una ola de indignación nacional e internacional. Diversos analistas han advertido que, de aprobarse, el Estado mexicano tendría el poder de bloquear redes sociales, sitios web de noticias o plataformas de video, bajo criterios vagos como “protección del interés público”.

Este artículo, señalado como el “corazón censurador” de la ley, ha sido cuestionado por medios como El País y Reuters. Sin embargo, la intención original del gobierno es clara: controlar la narrativa digital y tener la capacidad de silenciar voces incómodas.Sheinbaum ha intentado matizar el escándalo diciendo que “ese artículo tiene que modificarse”. Pero el hecho de que estuviera allí desde el inicio demuestra el enfoque autoritario con el que fue concebida esta ley.

Esta reforma no es un hecho aislado, sino parte de una serie de movimientos del lopezobradorismo por controlar órganos autónomos, descalificar a la prensa crítica, hostigar a ONGs y limitar aún más la acción del ya debilitado Poder Judicial. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia no representa una ruptura con esa lógica, sino su profundización bajo una fachada más técnica.

Si esta ley avanza, México se unirá a la lista de países que utilizan el discurso de la “regulación informativa” para aplicar censura y vigilancia. Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Rusia han transitado ese camino. La censura moderna ya no necesita soldados ni cadenas de imprenta confiscadas. Hoy, basta con un algoritmo estatal, una agencia subordinada, y una ley ambigua para controlar el flujo de ideas.

No se trata solo de una reforma a la ley de telecomunicaciones. Se trata de la libertad de opinar, criticar, informar y disentir. Se trata de decidir si queremos un Estado que garantice derechos o uno que los condicione. Esta ley no es una herramienta contra la propaganda extranjera. Es un instrumento para silenciar al periodismo, controlar el discurso digital y castigar la disidencia.

Hoy el Estado nos dice qué no podemos decir.

Mañana nos dirá qué debemos pensar.