REFORMA ELECTORAL 2025-2026: EL DESAFÍO QUE PODRÍA REDEFINIR LA DEMOCRACIA EN MÉXICO

En los últimos días se ha discutido ampliamente sobre una posible reforma electoral en nuestro país. La propuesta contiene ideas importantes y positivas, como la reducción del gasto público y la facilitación de la creación de nuevos partidos políticos, así como el registro de candidaturas independientes, figuras que hoy enfrentan obstáculos considerables para tener relevancia política incluso si logran su registro.

Sin embargo, no todo es favorable. Una de las ideas más polémicas es, a primera impresión, la eliminación de los plurinominales. Genial, ¿verdad? Menos diputados y senadores ocupando un escaño sin elección directa, y su salario ahora podría destinarse a otros fines. Pero no todo en esta propuesta es bueno. Los plurinominales fueron creados precisamente para evitar la sobre representación de los partidos grandes en el Congreso. Su eliminación genera el riesgo de que el partido en el poder obtenga mayoría absoluta en ambas cámaras, debilitando el equilibrio democrático en la aprobación de leyes y comprometiendo la verdadera representatividad.

Y si esto ya es grave, no es lo más “fuerte” de la reforma. Se planea modificar al INE, que desde mi punto de vista puede tener fallas, pero es un organismo autónomo funcional, y eliminar a los 32 órganos estatales encargados de organizar las elecciones en cada entidad federativa. La centralización de estos organismos en un solo instituto sin duda concentrará poder y eliminará contrapesos locales, debilitando la representación de las minorías y la capacidad de supervisión regional.

Desde mi experiencia y autoridad profesional, como ya dos veces Consejero Electoral Distrital del IEEM, puedo afirmar que estos cambios impactarían de manera directa en la supervisión y calidad de las elecciones en México.

Además, se estudia que los consejeros del nuevo organismo sean elegidos mediante voto popular o un sorteo, ignorando los mecanismos de control que evitan que quienes toman decisiones cruciales sufran presiones políticas o influencias partidistas. Como muchos señalan, pasó con la reforma judicial, y este mismo riesgo podría repetirse: podrían resultar electos quienes tengan mayor notoriedad o cercanía con el partido en el poder, sin importar su preparación o independencia.

La experiencia histórica demuestra que los órganos autónomos fuertes previenen la captura política; centralizarlos podría reducir esa autonomía a un simple título, y la fusión de 32 organismos con diferentes sistemas, personal y presupuestos distintos puede generar conflictos administrativos e ineficiencias, incluso requiriendo más presupuesto del que se pretende ahorrar.

No debemos ignorar lo evidente: esta centralización puede ser percibida como un intento de controlar el sistema electoral desde el Ejecutivo o desde el partido en el poder, afectando la legitimidad del INE ante la ciudadanía, aunque los procesos sean técnicamente válidos.

Por último, y siguiendo a mi experiencia en el derecho electoral, quiero aclarar que con menos organismos locales, habrá menos ojos vigilando el proceso (en el cual sí participan ciudadanos sin fines partidistas, fortaleciendo la democracia y dándole certeza a los votos de la ciudadanía, lo cual será ahora notablemente reducido), generando que cualquier irregularidad pueda ser más difícil de detectar o sancionar rápida y, sobre todo, imparcialmente.

“Cuando el poder se concentra en pocas manos, la libertad desaparece.”

— Charles Louis de Secondat “Montesquieu”