REFORMA ELECTORAL EN MÉXICO

México ha transitado históricamente por diversas reformas que han impactado a la sociedad en distintos ámbitos. En años recientes, sin embargo, se observa un incremento de propuestas impulsadas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo, muchas de ellas con consecuencias que benefician a unos pocos y generan riesgos para el país en su conjunto.

En este contexto, es innegable que el sistema electoral requiere ajustes. No obstante, la forma en que se plantea la actual reforma resulta preocupante. Más que fortalecer la democracia, corre el riesgo de debilitarla debido a la falta de transparencia, de garantías constitucionales y de una verdadera estrategia plural que involucre tanto a los partidos como a la ciudadanía en la toma de decisiones.

El gobierno ha señalado que abrirá consultas y foros con especialistas y ciudadanos. Si bien esta intención es positiva, no basta para asegurar una reforma sólida. Una transformación de este calibre debe ser legible, coherente, analizada, asesorada y, sobre todo, capaz de garantizar igualdad, transparencia y eficacia.

La experiencia reciente con la reforma al Poder Judicial ilustra los riesgos de un diseño deficiente: inconformidades persistentes y pérdida de confianza ciudadana. En el caso de la reforma electoral, preocupa la propuesta de elegir a consejeros electorales por voto popular. Aunque a primera vista podría parecer una expresión de democracia, en realidad amenaza principios fundamentales como la independencia, imparcialidad, autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales.

Además, especialistas en economía, ciencia política y derecho electoral advierten que esta reforma tendría consecuencias graves no solo para los partidos de oposición, sino también para la ciudadanía y para organismos defensores de derechos humanos y colectivos sociales que, hasta ahora, no parecen suficientemente considerados en el proceso.

Otro aspecto crítico es la forma en que se ejerce el voto en México. Con frecuencia, los ciudadanos eligen a los partidos políticos más por programas sociales o promesas inmediatas que por la preparación, propuestas o trayectoria de los candidatos. A esto se suma la desinformación generada por fuentes poco confiables en televisión e internet. Una reforma electoral integral debería también fomentar la educación cívica y el acceso a información veraz.

Asimismo, resulta fundamental que los organismos electorales, como el INE y el Tribunal Electoral, cuenten con integrantes libres de antecedentes penales y con trayectorias transparentes. Este principio debería extenderse también a legisladores, gobernantes y operadores jurídicos para fortalecer la confianza en las instituciones.

Desde una perspectiva comparada, México podría aprender de otros países en materia de elecciones, fiscalización y financiamiento de partidos. La solución no radica en eliminar el presupuesto a los partidos, sino en administrarlo de forma más eficiente, transparente y equitativa. En el caso de los legisladores plurinominales, aunque algunos sectores ven positivo eliminarlos, lo importante es garantizar que cumplan efectivamente con su función representativa y no se conviertan en meros operadores partidistas.

Por otro lado, la propuesta de prohibir la reelección y el nepotismo merece un análisis más profundo. El nepotismo ha sido una práctica recurrente en la política mexicana y debe combatirse con medidas efectivas, no solo con declaraciones. En cuanto a la reelección, si los legisladores cumplieran con su deber, fueran empáticos y responsables, los propios ciudadanos refrendarían su apoyo de manera natural.

En conclusión, la reforma electoral no debe convertirse en un instrumento de coyuntura política. Se requiere un análisis serio, profesional y plural, basado en la experiencia comparada y en los principios de transparencia, legalidad e igualdad. Legislar por legislar o aprobar reformas sin un verdadero consenso social no fortalece la democracia sino que la debilita.