ACCIONES LEGISLATIVAS PENDIENTES PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL EN MÉXICO: DERECHOS LGBT+ Y PODER LEGISLATIVO

El pasado junio se conmemoró el mes del orgullo LGBTIQ+, un periodo que, más allá de la celebración, nos invita a reflexionar críticamente sobre los avances y desafíos que enfrenta la comunidad en la actualidad. En este contexto, la legislación ocupa un lugar fundamental, pues es a través de las leyes que se reconocen derechos, se previenen violencias y se transforma la estructura institucional que, históricamente, ha marginado a las diversidades sexuales y de género.

En los últimos años, el gobierno actual en México ha sostenido una narrativa progresista respecto a los derechos de la diversidad sexual. El matrimonio igualitario es ya una realidad en las 32 entidades federativas, y la identidad de género ha sido legalmente reconocida en varias de ellas. No obstante, más allá del discurso, el país enfrenta una paradoja profunda: mientras avanza el reconocimiento legal, la violencia contra personas LGBTIQ+, especialmente mujeres trans, sigue creciendo sin freno. El Poder Legislativo, conformado por la Cámara de Diputados y el Senado, se encuentra en el centro de esta contradicción, como espacio donde se gesta tanto el avance como la omisión.

En el Senado, el progreso ha sido más técnico y limitado. Aunque la Comisión de Igualdad de Género ha impulsado algunas reformas importantes, no existe una comisión especializada en derechos LGBTIQ+. Las iniciativas que buscan tipificar los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género, como la llamada “Ley Osiel Baena”, han enfrentado el estancamiento habitual de las agendas de derechos humanos en un Congreso dominado por cálculos partidistas. La violencia hacia las disidencias sexuales no ha sido tratada como una prioridad legislativa, y esa indiferencia institucional tiene consecuencias mortales.

Uno de los temas pendientes más urgentes en la agenda LGBTIQ+ es la creación de fiscalías especializadas, que contarían con personal capacitado en el manejo de casos de discriminación, crímenes de odio y otras formas de violencia por orientación sexual e identidad de género. Esta medida no solo permitiría una investigación más eficaz y sensible como en el caso del magistrade Ociel Baena, asesinado en 2023, sino que también podría contribuir a la disminución de la impunidad y la prevención de futuros crímenes.

Otro problema estructural es la falta de acceso igualitario a ciertos derechos sociales para las personas LGBTIQ+ en todo el país, incluidos créditos de vivienda y servicios de seguridad social. Esto se debe, en gran medida, a la ausencia de una normativa clara que regule de forma uniforme el acceso a estos derechos por parte de parejas del mismo sexo. La disparidad entre las legislaciones estatales complica el acceso de las parejas LGBTIQ+ en concubinato a instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Aunque ambos organismos han reconocido algunos derechos para estas parejas, los beneficios no están homologados en todo el país y suelen estar sujetos a largos procesos burocráticos o a resoluciones judiciales, obligando a las parejas a recurrir a amparos para que se les reconozca lo que debería ser un derecho garantizado.

Si bien estas son solo algunas de las iniciativas necesarias para el avance pleno de los derechos LGBTIQ+ en México, es fundamental subrayar que este mes del orgullo no basta con ondear la bandera arcoíris. Mientras no se tipifiquen los crímenes de odio en todo el país, mientras no se reconozcan plenamente los derechos sociales para las minorías sexuales y de género, y mientras no se asignen presupuestos, protección y justicia para las disidencias, el discurso de inclusión en el Congreso seguirá siendo una ilusión decorativa en medio de una tormenta de impunidad. El Estado mexicano tiene una obligación ética y política: construir una institucionalidad que no solo tolere las diferencias, sino que garantice condiciones de vida digna para todas las personas, sin importar a quién amen o cómo se identifiquen.