LEY DE LA GUARDIA NACIONAL: SOPA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON SABOR A MILITARIZACIÓN

En el marco del sexto aniversario de la Guardia Nacional, el H. Congreso de la Unión aprobó, en lo general y en lo particular con cambios, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, con el objetivo de adecuar el orden jurídico federal con la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024.

Durante el período extraordinario de sesiones, la iniciativa suscrita por la Titular del Poder Ejecutivo Federal ha activado, una vez más, las alarmas de la opinión pública y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La nueva ley establece que la Guardia Nacional formará parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en su estructura organizativa y operativa, por lo que la institución será una fuerza de seguridad pública integrada por elementos militares con formación policial.

Pero no sólo eso, el mando de dicho organismo reposará en un General de División en activo propuesto por el titular de Defensa y designado por la Presidenta de la República; y se permitirá que elementos de la Guardia Nacional aspiren a un cargo de elección popular o puedan ser transferidos a otros cuerpos militares para realizar labores conferidas por la Secretaría de Defensa o el Ejecutivo Federal.

Esto representa un riesgo latente para nuestros derechos fundamentales, pues una organización que fue pensada como un cuerpo de seguridad civil experimentará una fusión entre policías y militares, una mezcolanza que privilegiará el control, la jerarquía y la instrucción de las fuerzas armadas de manera inconstitucional.

Además, con la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Guardia Nacional, podrá emprender acciones de inteligencia y vigilancia, como la geolocalización en tiempo real, la intervención de comunicaciones y el uso de perfiles simulados, lo que podría vulnerar nuestro derecho a la protección de datos personales y atentar contra nuestra privacidad.

Así, mientras el índice de inseguridad incrementa cada año y las madres buscadoras exigen justicia a las autoridades, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo entregan información personal a una dependencia que es conocida históricamente por violaciones graves a los derechos humanos.

El partido mayoritario no ha cumplido con su palabra de regresar el ejército a los cuarteles, al contrario, desde la administración pasada les ha conferido una serie de tareas que poco o nada tienen que ver con su encomienda principal: la seguridad nacional.

Bajo el concepto de “asunto de interés nacional”, el partido en el poder ha convertido a Defensa en una institución estratégica para impulsar una serie de proyectos que, de otra manera, no hubiesen progresado.

Tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República, se ha legislado desde la retórica y el presidencialismo. La creación, derogación y reforma de artículos y leyes de gran calado no pueden argumentarse con una simple consigna, ni mucho menos aprobarse por mandato presidencial.

Es cierto que “el soldado es pueblo uniformado”, sin embargo, ningún militar cuenta con las atribuciones y el adoctrinamiento necesario para llevar a cabo actividades y funciones estrictamente civiles.

Coincidimos en la urgencia de implementar una estrategia de seguridad nacional permanente, profesional, integral y respetuosa de los derechos humanos, pero no consideramos que la solución sea acudir a la Secretaría de la Defensa Nacional y confiarle la dirección y formación de una institución que prometía traer consigo paz y justicia.