¿UNA GUARDIA NACIONAL MÁS MILITAR? EL DEBATE QUE DEFINIRÁ NUESTRO FUTURO EN SEGURIDAD Y DERECHOS

La Guardia Nacional (GN) es, en la actualidad, el eje de la estrategia de seguridad en México, concebida, inicialmente, como un cuerpo civil pero con disciplina militar, un diseño híbrido que prometía profesionalismo, cercanía a la ciudadanía, respeto a la dignidad de cada persona, a los derechos humanos. Sin embargo, la nueva propuesta de reforma trata de pasar el control operativo y administrativo de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el cual, lejos de ser una simple reorganización burocrática, nos lleva a un debate muy profundo sobre hacia dónde va la seguridad pública y el equilibrio democrático del país.

LA PROPUESTA: ¿FORTALECER O MILITARIZAR?

La razón en torno a la que gravitaría la discusión de la reforma es, sin duda, otorgar la capacidad de operar y la disciplina institucional de otras Fuerzas Armadas, esto es, la del Ejército, a la Guardia Nacional, para poder garantizar su permanencia y su consolidación como una fuerza frente al cada vez más complejo reto que se deriva del crimen organizado; pero el reverso de la moneda da que pensar: cuando se le otorga la conducción a la SEDENA, se está debilitando el componente civil de esta corporación, y, por tanto, se le aleja de la idea que la inspiró. Termina por consolidar un modelo de seguridad con un rostro castrense, el cual ha sido rebatido tanto por organismos de derechos humanos como por los más diversos expertos en la materia.

¿QUÉ IMPLICA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA?

No es nada nuevo que el Ejército esté en la calle; de hecho, las Fuerzas Armadas vienen desempeñando desde hace ya más de 15 años esas tareas de seguridad pública en situaciones de emergencia o de incapacidad de las policías locales. Pero tornar esta presencia permanente, y especialmente brindarles facultades plenas del tipo del caso, puede tener efectos contrarios a lo que se busca. Varios estudios y casos en América Latina dan cuenta de que la militarización de la seguridad pública trae como resultado un incremento en las violaciones de los derechos humanos, mayor opacidad y falta de transparencia en la rendición de cuentas. A su vez, se desincentiva el fortalecimiento de las policías locales que deben constituirse en la primera línea del contacto y la confianza ciudadana.

DERECHOS HUMANOS EN LA BALANZA

Uno de los principales temores existentes es que esta reforma debilite el marco de protección de los derechos humanos establecido, entendiendo la lógica militar desde la obediencia y el uso legítimo de la fuerza en contexto de guerra, y civil desde la mediación, la legalidad y la proporcionalidad, se puede apreciar que las fronteras entre ambas se borran y, con ello, supone la normalización de prácticas que pueden llevar a vulnerar los derechos básicos de las personas, sobre todo en el caso de comunidades más vulnerables. La Suprema Corte ya había estipulado la inconstitucionalidad de un control militar de la Guardia Nacional, de manera que, desafiar esa sentencia no sólo pone en tensión al principio de la división de poderes, sino que manda un mensaje sumamente preocupante en torno al peso que tiene el Estado de derecho en el país.

¿QUÉ CAMINO QUEREMOS TOMAR?

La seguridad es una prioridad incuestionable, también lo es el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos, militarizar la seguridad pública no debe ser una salida automática ante la falta de soluciones más integrales. Reforzar a las policías civiles, invertir en justicia, mejorar la prevención del delito y atender las causas estructurales de la violencia deben seguir siendo el centro de cualquier estrategia eficaz.

¿Y tú qué opinas? ¿Debe la Guardia Nacional mantenerse como un cuerpo civil o pasar plenamente al control militar? Te invitamos a compartir tu punto de vista, comentar este artículo y seguir la conversación. La seguridad de nuestro país es responsabilidad de todas y todos. ¡Comparte esta reflexión en tus redes y suscríbete para más análisis como este!