REFORMA A LA GUARDIA NACIONAL: SEGURIDAD PÚBLICA VS. DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 2025

En junio de 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una reforma significativa a la Ley de la Guardia Nacional y a diversas normas relacionadas con la seguridad pública, enmarcada dentro de su estrategia de pacificación nacional. Esta transformación fue presentada como una medida para fortalecer las capacidades operativas de la Guardia Nacional (GN), mejorar la respuesta del Estado ante la criminalidad organizada y profesionalizar a sus integrantes con enfoque de derechos humanos. No obstante, ha generado fuertes debates sobre sus implicaciones jurídicas, sociales y democráticas.

¿QUÉ CAMBIA CON ESTA REFORMA?

Uno de los puntos más relevantes es que la Guardia Nacional queda formalmente bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), profundizando la tendencia a la militarización de la seguridad pública iniciada en sexenios anteriores. Ahora, el mando lo ostenta un general en activo designado por el Presidente y ratificado por el Senado, lo que borra, en los hechos, la línea divisoria entre funciones civiles y militares.

Además, la GN adquiere facultades ampliadas en materia de vigilancia, inteligencia y tecnología. Entre ellas, la reforma contempla la posibilidad de realizar:

• Geolocalización en tiempo real sin orden judicial previa.

• Intervención de comunicaciones bajo autorización judicial.

• Operaciones encubiertas y vigilancia digital con fines de “seguridad nacional”.

• Acceso a bases de datos biométricos, financieros y patrimoniales.

  
  

ARGUMENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL

Desde el Ejecutivo se defiende la reforma bajo el argumento de que se trata de una medida de consolidación institucional. La presidenta Sheinbaum ha reiterado que la Guardia Nacional se convertirá en una corporación permanente, profesionalizada, con formación en derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. Según cifras oficiales, en los primeros nueve meses del año los homicidios dolosos disminuyeron en un 25 % gracias a la coordinación territorial y operativa que la GN ha logrado en colaboración con Sedena y la Secretaría de Seguridad.

Asimismo, la reforma está acompañada de un plan de inversión en infraestructura, formación continua y controles internos, con miras a consolidar a la GN como la principal fuerza de seguridad pública nacional.

ENTRE EL ORDEN Y LA DEMOCRACIA

El dilema de fondo que plantea esta reforma es entre el orden y la democracia: ¿es posible construir paz desde una lógica eminentemente militar? ¿Qué lugar ocupan los derechos humanos, la participación ciudadana y la justicia en una estrategia de control territorial?

La clave estará en su implementación. Si existen mecanismos efectivos de rendición de cuentas, participación ciudadana, formación especializada y supervisión judicial, podría consolidarse como una fuerza eficiente con legitimidad social. Pero si estos contrapesos no se garantizan, la reforma podría representar un paso hacia la normalización del poder militar dentro de la vida civil y un retroceso histórico para el sistema democrático mexicano.

México se encuentra, una vez más, en una encrucijada. La seguridad no puede construirse desde el miedo ni a costa de las libertades. Fortalecer la seguridad pública requiere no solo fuerza, sino legitimidad, proximidad ciudadana y respeto irrestricto a los derechos humanos. La reforma a la Guardia Nacional debe observarse con mirada crítica, compromiso institucional y una ciudadanía vigilante que no renuncie ni al orden, ni a la justicia, ni a la democracia.