AVANCES QUE DAN MIEDO

La reciente Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, aprobada el pasado 24 de junio en el pleno del Senado, representa un avance significativo en la modernización de los trámites en nuestro país. Esta legislación establece la creación de Llave MX, una herramienta digital vinculada a la CURP e integrada con datos biométricos —huellas digitales, iris y fotografía—, que funcionará como un medio de autenticación digital obligatoria. Llave MX se convierte en un documento nacional válido para trámites tanto públicos como privados, en todos los niveles de gobierno. Asimismo, la ley sustituye a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) por una nueva autoridad con amplias facultades tecnológicas: la Agencia Nacional de Regulación y Simplificación de Trámites (ANRT). Esta entidad tiene como objetivo mejorar los procesos regulatorios, simplificar los trámites gubernamentales y facilitar el acceso a los servicios públicos, con la intención de fortalecer el clima de negocios y la competitividad nacional. 

Además, se aprobó una reforma a la Ley General de Población y a la de Desaparición Forzada, incorporando la CURP biométrica obligatoria, vinculada a una Plataforma Única de Identidad que integrará bases de datos forenses, de personas desaparecidas y del sector salud. Aunque suena como un proyecto ambicioso y tecnológicamente complejo, considero necesario abordar esta reforma con una mirada objetiva. El tiempo no se detiene, y con él llegan avances que suelen generar incertidumbre. Lo nuevo suele traer consigo temores, pero estos deben ser contrarrestados con apertura gubernamental, diálogo público y mejora constante, pues si bien el objetivo de esta reforma es legítimo y necesario, su método plantea serias tensiones con los derechos humanos, especialmente si se implementa sin salvaguardas sólidas. 

En comparación internacional, México parece adoptar un modelo más cercano al de India —con su sistema Aadhaar— que al de Estonia, que ha sido un referente de confianza y democracia digital. Sin embargo, lo hace sin contar con los contrapesos judiciales, institucionales o sociales que han limitado los abusos en esos países. Por ello, es fundamental observar cómo han funcionado estos sistemas en otras naciones y adaptar sus mejores prácticas, garantizando siempre el bienestar de la ciudadanía. El verdadero reto para el gobierno federal será armonizar esta transición digital sin excluir a sectores vulnerables, que podrían quedar rezagados por barreras tecnológicas o económicas. A esto se suma el hecho de que México no cuenta con una autoridad autónoma en protección de datos con el peso normativo de figuras como el Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR) o la Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD), lo que acentúa los riesgos de abuso, vigilancia indebida o filtración de información personal. Aunado a ello, la reforma no establece un sistema claro de consentimiento informado, ni mecanismos accesibles para que la ciudadanía pueda conocer, corregir o eliminar sus datos. Considero que el gobierno debería enfocar sus esfuerzos en dos puntos clave:

1. EXCLUSIÓN DIGITAL: No todos los mexicanos tienen acceso a las tecnologías necesarias o han sido correctamente enrolados en sistemas digitales.

2. VULNERABILIDAD TÉCNICA: Una base de datos biométrica centralizada es especialmente propensa a ataques cibernéticos o a usos indebidos por parte de actores internos. No se trata de temer por temer, ni de invocar fantasmas orwellianos, sino de actuar con responsabilidad democrática, asegurando que la tecnología sirva al ciudadano, y no al revés. Es cierto que hoy resulta difícil imaginar un Estado totalitario como el Leviatán hobbesiano, pues las democracias contemporáneas cuentan con contrapesos institucionales y sociales que mitigan medidas autoritarias. Sin embargo, la reflexión sigue siendo necesaria, especialmente a la luz de los aportes de Michel Foucault. En Vigilar y Castigar, Foucault expone que el poder moderno ya no necesita recurrir a la violencia visible: opera de forma continua y silenciosa mediante mecanismos de vigilancia, normalización y control. El panóptico, como metáfora del poder disciplinario, hace que el individuo se sienta observado en todo momento, generando una auto-vigilancia que sustituye la coerción externa por una sumisión interna. En este contexto, el uso obligatorio de datos biométricos en México puede interpretarse como una extensión digital de ese poder disciplinario. Al permitir que cada ciudadano sea plenamente identificable y rastreable en cada interacción con el Estado, existe el riesgo de que la eficiencia administrativa se transforme en un sistema de control omnipresente, donde la vigilancia ya no requiere barrotes, sino plataformas, algoritmos y escaneos faciales.

Como advertía Foucault:

“No basta con preguntarse qué hace el poder, sino cómo lo hace posible.”