REFORMA A LA GUARDIA NACIONAL

En nuestro país, la situación de seguridad ha estado en constante deterioro, evidenciando prácticas y problemáticas profundas en las instituciones encargadas de la protección ciudadana. La vigilancia de las autoridades policiales y militares ha aumentado, sin dejar de lado la influencia del escalafón gubernamental. Sin embargo, las principales víctimas somos la ciudadanía, que enfrentamos un problema que empeora con cada sexenio. Los resultados alarmantes no solo reflejan la falta de voluntad de las autoridades y la corrupción persistente, sino también casos de impunidad, desapariciones forzadas, y represión, incluso contra quienes denuncian y exigen justicia.

Por ello, concluyo que los discursos, aunque puedan conmover, no son suficientes. Para abordar realmente la problemática, es fundamental hablar y actuar sobre las reformas necesarias en materia de seguridad, sin esconder los verdaderos retos del sistema. La solución requiere propuestas con contenido concreto y decisiones valientes.

Una posible estrategia es que el gobierno en turno, independientemente del partido que lo respalde, organice foros públicos transparentes y ruedas de prensa previas a la implementación de cualquier reforma. En estos espacios, se deben expresar claramente las voluntades de expertos en seguridad, diplomáticos, negociadores y representantes de los tres niveles y poderes del gobierno. La colaboración entre estas entidades debe integrarse en un marco de diálogo abierto, donde la seguridad sea prioridad y se tomen en cuenta los derechos humanos y la paz internacional. Además, deben establecerse acuerdos con países aliados para reducir la delincuencia y la violencia mediante tratados y acciones conjuntas.

Otra propuesta crucial es invertir en equipamiento de alta calidad para las fuerzas de seguridad. Es necesario contar con uniformes adecuados, armar a la Guardia Nacional con tecnología de punta y fortalecer su infraestructura. La creación de sistemas de monitoreo 24/7, con mantenimiento conjunto para evitar fallas, y la incorporación de inteligencia artificial mediante asesoría de especialistas, permitirán mejorar la eficacia de los operativos. De igual forma, es indispensable contar con centros de mando jurídicamente seguros, eficientes y bien equipados.

Asimismo, la capacitación constante y gratuita del personal de la Guardia Nacional es una prioridad. Esto incluye la revisión y actualización del proceso de antecedentes penales, mejores condiciones salariales y estímulos para los elementos destacados. Es importante también implementar unidades de formación en derechos humanos, derecho internacional y constitucional, con expertos en la materia, para garantizar una cadena de formación sólida y continua. Además, se deben promover programas de incentivos que fomenten el compromiso y la excelencia en sus funciones.

Por otro lado, la subordinación de los cuerpos castrenses y policías debe ser clara y estricta, eliminando infiltraciones de corrupción y abusos. Cuando se detecten irregularidades o abusos de autoridad, deben aplicarse sanciones severas, incluyendo destituciones y penas mayores, para garantizar que no se cometan abusos que pongan en riesgo vidas inocentes, incluso las de los propios agentes. Asimismo, es fundamental contar con una legislación clara para el uso racional y legal de armas, exigiendo exámenes psicológicos y jurídicos rigurosos antes de autorizar su portación.

Todo esto debe estar bajo una supervisión constante con mecanismos de rendición de cuentas, evaluaciones periódicas y mediciones claras de resultados en la reducción del delito. La colaboración con la iniciativa privada y colectivos civiles puede mejorar las condiciones de patrullaje y dotación de material, así como la adquisición de vehículos y armas reguladas. Todo esto, en línea con un marco constitucional y convencional, que también contemple aumentos salariales y derechos superiores a los establecidos en la Constitución para garantizar un servicio de seguridad efectivo, humano y respetuoso de los derechos humanos.