CENSURAR Y MILITARIZAR: RETROCESOS MEXICANOS

En las últimas semanas del mes de junio tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados fueron el centro de atención una vez más, y esta ocasión nuevamente por la controvertida y nueva Ley de Telecomunicaciones, así como la nueva Ley de la Guardia Nacional.

Para México no es nada nuevo encontrarse inmiscuido en temas de censura y militarismo de la seguridad pública, las anteriores leyes mencionadas hacen recordar los viejos y oscuros tiempos desde la presidencia de Pascual Ortiz Rubio hasta Manuel Ávila Camacho, años en los cuales ver a figuras ex militares era habitual dentro de la esfera política mexicana. Y aunque constitucionalmente el numeral 55 en su tercera fracción prevé que las personas que formen parte del Ejército, Fuerza Aérea, Armada o Guardia Nacional, así como los mandos en la policía o gendarmerías rurales que aspiren a ser diputados federales, obligatoriamente deberán separarse de sus respectivos cargos 90 días antes de la elección, no indica que el referido artículo constitucional sea del todo correcto en su apreciación del derecho político a ser votado y participar en una elección popular. Tema constitucional y legislativo de gran trascendencia para la reflexión jurídica. 

En cuanto a la censura, no hace falta hacer mayor referencia que a las décadas gobernadas por un mismo partido tricolor, tiempos en los cuales la simulación de una libertad de expresión amplia y protegida no era más que una simple fachada para la esfera nacional e internacional; es sabido que periodistas perdieron la vida haciendo sus labores, fueron silenciados por ser incómodos al gobierno en turno así, sin hacer mención de la gran opresión que vivían diversos sectores de la sociedad mexicana al querer o intentar defender sus derechos consagrados en la Constitución mexicana. 

Referirnos a la controvertida Ley de Telecomunicaciones, su carente proceso legislativo y su mediocre discusión, así como su muy probable aprobación, es como remar contracorriente o hablarle a una dura pared; no seremos escuchados por los flamantes diputados y senadores. Exaltar y poner de relieve que dicha legislación contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos y diversos tratados internacionales en materia de telecomunicaciones es como pedirle peras a un olmo.

Actualmente en México nos encontramos en una severa crisis constitucional derivada de una crisis política que ha aflorado desde años atrás. Hoy más que nunca el sistema institucional se encuentra debilitado y en aras de desaparecer para centralizar todo, de nueva cuenta, al Poder Ejecutivo Federal. Todo ello no se ciñe únicamente a desaparecer Órganos Constitucionales Autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, y muy probablemente en un futuro cercano; el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior sin hacer la recalcable e importante referencia del sometimiento al que fue obligado el Poder Judicial de la Federación tras las reformas constitucionales y legales llevadas a cabo en 2024 y los meses corrientes del 2025, y desde luego, la famosa e indeseada elección judicial concretada el pasado domingo 1 de junio. 

Muchos son los intentos, acciones y deseos del gobierno guinda en turno de debilitar la poca o nula institucionalización que se ha llevado a cabo en México desde finales del siglo XX y la cual se ha continuado consolidando a través de las décadas hasta la presente fecha. Y que, en los momentos actuales, está agonizando en sus últimos momentos de vida. 

En México nos hemos jactado de ser un país totalmente democrático, transparente y ejemplo a seguir para las diferentes naciones que conforman la región centroamericana y sudamericana, pero en la realidad dista mucho de ser así. 

Retomando lo que se mencionó párrafos arriba del presente artículo; no nos quedará más que seguir remando contra la espesa y dura corriente que seguirá su siniestro cauce por algunos años más. Combatiendo con argumentos y evidenciando ante el ojo público lo que se pretende hacer con la vida pública de México. Lo único verdaderamente reconfortante es saber que la pesadilla no durará nuevamente 80 años, quizá ni la cuarta parte de ese número.