¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA GUARDIA NACIONAL? UNA REFORMA QUE NOS DEBE IMPORTAR A TODOS

En los últimos meses, se ha reactivado una discusión crucial para el país: la reforma a la Guardia Nacional. ¿De qué va esta propuesta? ¿Por qué está generando tantas opiniones encontradas? Y, sobre todo, ¿qué impacto tendría en nuestra seguridad y nuestros derechos?

¿QUÉ PROPONE LA REFORMA?

La iniciativa plantea, entre otros puntos, incorporar de manera permanente a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Es decir, lo que nació como una fuerza civil —aunque con disciplina y estructura militar— ahora pasaría a ser completamente parte del Ejército, no sólo en los hechos, sino también en la ley.

Este cambio no es menor. Hasta ahora, la Guardia Nacional estaba adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque operativamente ha estado bajo control militar desde su creación. Esta reforma busca formalizar ese control castrense, dándole a la SEDENA facultades plenas para coordinar, administrar y dirigir la Guardia.

¿POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARNOS?

Porque militarizar la seguridad pública cambia completamente el enfoque. La lógica del Ejército no es la misma que la de un cuerpo policial civil. Mientras la policía debe tener como eje los derechos humanos, la proximidad con la comunidad y la prevención del delito, el Ejército está entrenado para la guerra, para neutralizar enemigos, no para proteger ciudadanos en barrios y colonias.

¿Realmente necesitamos más militares en las calles? La evidencia apunta en otra dirección. Desde hace más de 15 años que México apostó por sacar al Ejército a combatir la inseguridad, y los resultados han sido crecimientos sostenidos en violencia, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y un debilitamiento progresivo de las policías locales.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?

El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles. De hecho, la Suprema Corte ya se pronunció en 2023 declarando inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA. Entonces, ¿por qué insistir en esta reforma? ¿Por qué forzar un modelo que ya fue rechazado por el Poder Judicial?

EL RIESGO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

No se trata de desconfiar del Ejército. Se trata de entender que cada institución tiene su función. En un Estado democrático, la seguridad pública debe garantizarse bajo esquemas de rendición de cuentas, transparencia, control ciudadano. Y eso no es posible con instituciones militares, que están sujetas a otro tipo de lógica y opacidad.

Numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre las consecuencias de consolidar este modelo: mayor riesgo de abusos, detenciones arbitrarias, tortura, uso excesivo de la fuerza y falta de acceso a la justicia.

¿Y QUÉ PROPONE UNA VISIÓN DISTINTA?

Desde una visión responsable y con apego a la Constitución, la alternativa es clara: fortalecer a las policías civiles. Apostar por su capacitación, por mejorar sus condiciones laborales, por una carrera policial digna y bien evaluada. Impulsar modelos de seguridad comunitaria que sí respondan a las realidades de los barrios, pueblos y ciudades.

No se trata de romantizar a las policías locales —que también tienen graves fallas, sino de reconstruir el modelo de seguridad desde lo civil, con perspectiva de derechos humanos y con una auténtica estrategia de prevención del delito.

¿QUÉ QUEREMOS COMO JÓVENES?

¿Más patrullas militares o más espacios públicos seguros? ¿Más cuarteles o más escuelas abiertas y bien equipadas? ¿Más armas o más oportunidades? Porque al final, la seguridad no se impone: se construye.

Y para construirla necesitamos instituciones confiables, con controles civiles, que rindan cuentas y que respeten nuestras libertades. La militarización no es el camino. Es momento de pensar en grande, en serio y con visión de futuro.

En resumen:

• La reforma busca formalizar el control militar sobre la Guardia Nacional.

• Choca con principios constitucionales y decisiones de la Suprema Corte.

• Aumenta el riesgo de violaciones a derechos humanos.

• Desvía recursos y atención del verdadero reto: construir policías civiles profesionales.

• No es solo un tema de seguridad: es un tema de democracia.

Que no se nos olvide: la seguridad no se garantiza con botas, sino con justicia, oportunidades y dignidad.