ESTADO DE VIGILANCIA: LA GUARDIA NACIONAL, LOS DATOS PERSONALES Y LA CENSURA DIGITAL

La reciente aprobación de reformas en la Cámara de Diputados ha desatado una ola de críticas en torno al fortalecimiento del aparato de vigilancia estatal. Aunque se presenta como una estrategia para mejorar la seguridad nacional, los cambios aprobados abren un debate profundo sobre los límites entre la seguridad y los derechos fundamentales.

La reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que transfiere de manera definitiva su mando a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), implica también la facultad de este cuerpo militar para intervenir comunicaciones privadas y acceder a la geolocalización en tiempo real sin necesidad de una orden judicial previa. Si bien la intervención de datos ya era posible bajo ciertas condiciones legales, ahora se elimina la autorización judicial como requisito, otorgando a las fuerzas armadas acceso directo a bases de datos fiscales, bancarias y de telecomunicaciones.

Esta nueva arquitectura de vigilancia institucional se suma a la CURP biométrica, ya en discusión, que podría integrar datos faciales y dactilares en una sola base nacional. El riesgo, según defensores de derechos digitales, no es solo la capacidad técnica de recolección masiva de información, sino la ausencia de controles democráticos efectivos.

Las implicaciones no son menores. Con la eliminación del filtro judicial, se debilitan los contrapesos necesarios en una democracia funcional. La militarización de funciones civiles y la participación de cuerpos armados en actividades políticas abren la puerta a un uso discrecional del poder y a posibles abusos contra la población civil, especialmente contra periodistas, opositores o activistas.

A la par, el país enfrenta una serie de acciones de censura digital en los ámbitos estatal y local. Ejemplos recientes como el de Puebla, en donde se aprobó una reforma de ley que tipifica el ciberasedio para todo usuario de redes que agravie, injurie o cuestione a  otro de manera repetida, causando daño emocional o hasta psicológico. En un comienzo suena bien, incluso se escudan con “la protección a las infancias”, pero cómo en todo circo, maroma y teatro, los políticos del guinda salen bien amparados y limitan la capacidad de ser crítico con la labor de nuestros representantes en el poder, quienes parecen estar más preocupados por sus redes que con dar resultados. Si quieren trabajar por las infancias porque no empezar con reconocer el problema de trabajo infantil en el estado, la trata y la poca empatía que existe para ellos. 

 Ahora en Hermosillo, donde una usuaria de X (antes Twitter) fue obligada a disculparse públicamente durante treinta días consecutivos por opiniones expresadas en esta red social, todo esto muestra un avance preocupante hacia la penalización de la crítica y la opinión.

Aunque se argumenta que las reformas buscan enfrentar amenazas reales, el escenario que se configura apunta a una vigilancia sin supervisión y una censura que opera por vías administrativas y judiciales. Todo esto en un contexto donde ya existía un mercado negro de datos, intervenciones sin transparencia y mecanismos de control informal por parte del Estado. 

Así, las reformas recientes no crean un nuevo Estado de vigilancia: lo formalizan —y expanden—. Lo que antes requería supervisión de un juez, hoy lo puede realizar el Ejército sin control. La militarización de la Guardia Nacional, sumada al acceso directo a bases de datos y redes, construye un régimen de seguridad que, sin transparencia ni contrapesos, apunta hacia un modelo autoritario. Las fronteras entre seguridad y privacidad se desdibujan, y con ellas, los derechos fundamentales. La censura digital ya asoma su sombra.