¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA FGR EN 2025? ENTRE LA REFORMA, EL DISCURSO Y LA INCERTIDUMBRE

En 2025, el debate sobre la procuración de justicia en México se intensificó: trascendió públicamente que se prepara una propuesta para revertir la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías estatales. De concretarse, implicaría que el Poder Ejecutivo, federal y estatal, recupere la facultad de nombrar directamente a los fiscales.

Ese proyecto, revelado en mayo, generó alarma entre organizaciones de la sociedad civil, expertos en justicia y medios de comunicación, pues significaría retroceder a un modelo en el que los fiscales dependen del poder político, lo que podría comprometer la independencia, la imparcialidad y la rendición de cuentas.

Sin embargo, y esto es crucial, la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, salió a desmentir que exista una iniciativa formal impulsada por su gobierno. En su conferencia matutina aclaró que muchas de las versiones que circulan son “noticias falsas” y que, por el momento, no hay propuesta para eliminar la autonomía de las fiscalías.

Aun así, admitió que “vale la pena analizar” cómo han funcionado las fiscalías: hay entidades donde han tenido buen desempeño, y otras donde los resultados han sido deficientes. Pero destacó que la discusión debe basarse en datos, no en rumores.

Este tira y afloja, entre borrador, rumor, negación oficial y debate parlamentario, deja a la sociedad en un estado de incertidumbre histórica. Porque detrás de esta discusión no hay solo nombres o cargos: está en juego la institucionalidad, la credibilidad en el sistema de justicia y la protección real de los derechos ciudadanos.

¿QUÉ RIESGOS IMPLICA LA REFORMA PROPUESTA?

·                Pérdida de independencia en la Fiscalía: si el Ejecutivo puede nombrar fiscales, el eje de imparcialidad se debilita.

·                Politización de las investigaciones: casos de alto impacto, corrupción, violaciones de derechos humanos, delitos de poder, podrían quedar sujetos a intereses políticos.

·                Retroceso institucional: se deshace una década de reformas orientadas a blindar la autonomía del Ministerio Público.

·                Desconfianza ciudadana: en un contexto de impunidad histórica, esta reforma puede erosionar aún más la confianza en la justicia.

¿Y AHORA?

Para 2025 la situación sigue abierta. No hay ley nueva, no hay reforma aprobada. Pero la existencia de un borrador, la discusión pública y el interés parlamentario dejan claro que el tema no está cerrado. La ciudadanía y los medios tienen ante sí una responsabilidad: mantenerse alerta, exigir transparencia, evaluar cualquier propuesta desde la perspectiva de derechos humanos e independencia, y participar en el debate.

Porque la justicia no debe depender de partidos o gobiernos: debe depender del imperio de la ley.