POR UNA REFORMA DE TELECOMUNICACIONES JUSTA PARA EL ESTADO MEXICANO

La propuesta de reforma en materia de telecomunicaciones presentada por la actual presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, requiere un análisis responsable y profundo, desde una perspectiva crítica y basada en la realidad, puesto que abarca temas como la democracia y el acceso justo a la información. Por tanto, es indispensable que en la propuesta se establezcan con claridad y transparencia los tiempos y autoridades que regularán el espectro radioeléctrico y digital. Asimismo, es vital definir estrategias claras y concisas que favorezcan un mejor desarrollo normativo de los contenidos compartidos y transmitidos.

La concentración de evaluación y reglamentación de las telecomunicaciones puede significar un avance eficiente; aun así, también puede plantear riesgos, dado que existe incertidumbre respecto a la falta de imparcialidad y transparencia que podría presentar esta entidad debido a una mala estructuración y una hiperautonomía sesgada. A ello se suma la profunda crisis que se vive en el país, provocada por el crimen organizado. Casos recientes en Jalisco y otros estados han evidenciado una creciente fractura social, por lo que una legislación imprecisa en este contexto podría agravar la desconfianza hacia las instituciones y la imparcialidad en la transmisión de la información.

En este sentido, la regulación en el ámbito de las telecomunicaciones y las redes sociales es pertinente, particularmente en la crisis derivada de la fractura social presente en el Estado mexicano. Sin embargo, ha de construirse a partir de criterios y visiones reales que sean adaptadas a cada contexto, por lo cual tiene que construirse desde una perspectiva de género, inclusiva e interseccional. Estas propuestas de análisis e investigación surgen del hecho de que, hoy en día, la sociedad mexicana se encuentra inmersa en un universo digital. Por lo tanto, cualquier intento regulador debe garantizar derechos digitales y de libre expresión, al mismo tiempo que proteja a los sectores más vulnerables frente a discursos de odio, violencia y desinformación. 

Ahora bien,  la disposición del gobierno al diálogo es una estrategia positiva,  ya que permite que diversos sectores analicen,  reformulen y, en su defecto, eliminen artículos de la propuesta que den paso a una reforma más justa,  equitativa,  democrática y real para las distintas realidades que se viven en la República Mexicana.  Desde una mirada crítica,  esta propuesta puede verse como un parteaguas para replantear las deficiencias sistemáticas existentes en las telecomunicaciones en México.

Actualmente,  las deficiencias sistemáticas en las telecomunicaciones se evidencian por los desafíos que se presentan a causa de la violencia normalizada y  transmitida en canales abiertos y redes sociales,  donde muchos grupos —especialmente  las infancias y adolescencias—  están expuestos a contenidos que  pueden generar daños profundos.  Frente a ello, la reforma,  aunque imperfecta, abre debates necesarios y urgentes que el Estado mexicano ha ignorado y desconocido por años. 

Finalmente, es crucial que esta ley no se convierta en un instrumento de censura,  como resultado de la falta de análisis y mala estructuración,  sino en una herramienta de transformación justa y  transparente en favor de los derechos humanos. Es imprescindible que la reforma a la ley de telecomunicaciones sea un tema de importancia a nivel local y nacional, siguiendo un enfoque efectivo e inclusivo.