REFORMA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES: ¿TRANSFORMACIÓN DIGITAL O RETROCESO DEMOCRÁTICO?

En abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, lejos de representar un simple ajuste técnico, amenaza con desmantelar pilares fundamentales de nuestro sistema democrático. Esta iniciativa, que pretende sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con un nuevo órgano bajo control directo del Ejecutivo, podría significar uno de los mayores retrocesos institucionales desde la transición democrática del país.

El IFT fue concebido como una garantía de autonomía frente a los intereses políticos y empresariales que durante décadas dominaron el espectro de las telecomunicaciones. Su eliminación no es un asunto menor: es una declaración de intención por parte del gobierno de concentrar el poder regulatorio en una sola oficina, sin los contrapesos necesarios para evitar el abuso. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) sería juez y parte, capaz de asignar concesiones, supervisar contenidos y hasta bloquear plataformas digitales sin supervisión independiente.

¿Queremos de verdad vivir en un país donde el gobierno pueda decidir qué plataformas pueden operar y cuáles no? El Artículo 109 del proyecto es particularmente alarmante: faculta al Estado a bloquear contenidos digitales por motivos tan vagos como "seguridad nacional" o "protección de derechos de terceros". Sin una definición clara ni mecanismos de transparencia, esta disposición podría convertirse en un arma de censura legalizada. El espectro digital, que debería ser un espacio de libertad, podría transformarse en una extensión de la censura institucional.

La propuesta también incluye la prohibición de propaganda extranjera, supuestamente para proteger la soberanía nacional. Pero ¿qué pasa cuando esa "propaganda" es en realidad información crítica o perspectivas diversas que enriquecen el debate público? Esta medida puede parecer patriótica, pero en realidad encierra un peligroso sesgo autoritario: restringir el acceso a voces internacionales por considerarlas incómodas o "ajenas" a la narrativa oficial.

No obstante, es justo reconocer que la reforma no carece totalmente de méritos. La promesa de ampliar la conectividad en regiones marginadas y de impulsar una transformación digital nacional es una meta loable y urgente. La brecha digital en México sigue siendo un obstáculo estructural para el desarrollo, y cualquier esfuerzo serio por combatirla merece apoyo. Pero esa causa justa no puede ser utilizada como disfraz para encubrir una toma de poder disfrazada de modernización.

En síntesis, me parece que esta reforma es una advertencia disfrazada de promesa. Como ciudadana de un país que ha luchado durante décadas por instituciones fuertes e independientes, me preocupa profundamente que bajo el pretexto de la eficiencia digital se pretenda debilitar las libertades que dan sentido a nuestra democracia. La digitalización no puede ser excusa para instaurar mecanismos de vigilancia y censura. Si esta iniciativa prospera sin los debidos candados jurídicos y sin una discusión plural, no estaremos dando un paso al futuro, sino caminando de regreso al autoritarismo. El debate está sobre la mesa. Y como sociedad consciente, no podemos quedarnos callados.