¿CONECTIVIDAD O CONTROL?, UN PASO HACIA LA INCLUSIÓN, OTRO HACIA EL SILENCIO

Recientemente, una nueva propuesta legislativa ha sacudido la vida pública del  país. Se trata de la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y  Radiodifusión presentada por el Poder Ejecutivo, una reforma de gran alcance que  pretende rediseñar por completo el sistema de regulación del sector. Si bien  plantea importantes avances en términos de conectividad, digitalización y  cobertura social, llevando herramientas de comunicación a lugares marginados y  sectores vulnerables, pero también despierta serias preocupaciones por su posible  impacto en derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información. 

Uno de los cambios más significativos es la desaparición del Instituto Federal de  Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo que hasta ahora había sido  responsable de supervisar el sector. Sus funciones, que abarcaban desde el  espectro radioeléctrico (las ondas que permiten la transmisión de la radio y la  televisión) hasta las redes de telecomunicaciones, serán asumidas por una nueva  dependencia del Ejecutivo. Esta centralización del poder regulatorio ha generado  inquietudes entre expertos, activistas y organizaciones civiles, quienes advierten  que podría debilitar los contrapesos institucionales. 

La iniciativa contiene elementos que, en papel, resultan positivos: busca reducir la  brecha digital, facilitar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones,  promover redes comunitarias y asegurar que el acceso a Internet llegue incluso a  las regiones más apartadas del país. Sin embargo, no todo son buenas noticias.  Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es el artículo 109. Según  esta disposición, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones  tendría la facultad de suspender temporalmente el funcionamiento de plataformas  digitales si considera que "incumplen las normas aplicables", siempre y cuando  exista una solicitud de "autoridades competentes". Si bien el objetivo declarado es  regular el entorno digital, la vaguedad en la redacción de este artículo genera  alarma entre especialistas, medios de comunicación y sobre todo, ciudadanos.  Nos preocupa que esta ambigüedad permite interpretaciones amplias y el uso discrecional de esta facultad, lo que podría derivar en censura y restricciones a la  libertad de expresión. 

Ahora bien, ¿qué significa esto en la práctica? En un escenario extremo pero en  absoluto fuera de la realidad, un bloguero que critica una política gubernamental,  un medio digital que investiga un caso de corrupción, o una plataforma de  activistas que organizan una protesta podrían ser censurados por causas poco  claras, sin un procedimiento judicial previo y sin garantías de defensa. Esto  representa un riesgo real para la libertad de expresión en línea, especialmente en  contextos donde la crítica puede ser mal vista por algunos miembros del poder,  mientras esta ley esté vigente. Así, el mismo gobierno que podría sentirse  afectado por los contenidos de una plataforma sería juez y parte en el proceso de  su bloqueo. 

Esto no significa que el Estado no deba intervenir en el ámbito digital. Al contrario,  la regulación es necesaria para garantizar derechos, proteger a los usuarios y  evitar abusos de las grandes empresas tecnológicas. Pero esa intervención debe  estar sujeta a principios como legalidad, transparencia, proporcionalidad y debido  proceso. La iniciativa, en su estado actual, deja mucho que desear en estos  rubros. 

México necesita una legislación moderna que enfrente los desafíos de la  conectividad y el acceso digital sin comprometer las libertades fundamentales. Por  eso es vital que la discusión sobre esta ley no se limite al Congreso o al ámbito  técnico. Se trata de una reforma que podría cambiar completamente la manera en  que los mexicanos nos comunicamos, nos informamos y ejercemos nuestros  derechos digitales y en los medios tradicionales. En este sentido, la realización de  conversatorios del 8 al 22 de mayo, donde se abordarán temas clave de la reforma  como políticas del sector, acceso al espectro, plataformas digitales, radiodifusión  pública y derechos de audiencias, representa una oportunidad importante para  que la ciudadanía, y los expertos participen en el debate, pues se menciona se  habilitará un micrositio para el registro. Por lo que es importante estar pendiente.

La pregunta que queda es: ¿esta nueva ley nos conectará más y mejor, o nos  vigilará más de cerca?, la respuesta de la misma en los próximos días será crucial  para el futuro de nuestro país.