LIBRE MERCADO Y PODER ESTATAL: EL ESTADO REGULADOR

En las dos obras principales de Adam Smith, La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones, exponía ideas respecto a la naturaleza humana: entes motivados por la bondad en la esfera personal y familiar, pero por el egoísmo en la esfera social; aplicados a la economía, creía que aun los actos egoístas dentro del libre mercado indirectamente daban un beneficio a la comunidad, esto con la creación de empleos y la especialización. En otras palabras, Smith consideraba que el capitalismo podría funcionar siempre y cuando sus participantes fueran morales. Sin embargo, los siglos XIX y XX demostraron el grado de inmoralidad al que se podría llegar con tal de conseguir la mayor cantidad de ganancias, lo que se saldó en la consolidación del modelo del “Estado regulador”.

Contrario a la interpretación original de Smith, el Estado regulador tendría la misión no de intervenir en la economía, sólo establecer límites claros para evitar los peores pecados del capitalismo; algunas de estas medidas fueron impuestos, legislaciones, normas, comisiones reguladoras y oficinas de supervisión. Si bien este modelo fue ampliamente usado a partir de mediados del siglo XIX, el mismo caería en desuso con la llegada del neoliberalismo en los años 70’s del siglo XX, dando marcha atrás a todas las regulaciones vigentes, esto creyéndose que un mercado lo más desregularizado posible sería la mejor forma de generar riqueza a las naciones.

México no sería la excepción a este movimiento, manifestado primero por el gobierno de De la Madrid y con su cúspide durante el sexenio de Salinas. Aunque la idea de maximizar la riqueza fue cierta, se vulneraron varios principios morales y económicos de Smith, donde la aparición y/o aumento del poder económico de los monopolios sería uno de los efectos colaterales de esta clase de políticas.

Aunque México “comenzó” a combatir estas prácticas en 1993 con la creación de la COFECO como organismo desconcentrado, la realidad es que todos los titulares del órgano eran nombrados por el Presidente sin posibilidad de ser objetados por el Senado. La reforma del 2011 dio paso a la autonomía del organismo y que ahora fuera un Comité de Evaluación, el que dotara de candidatos al Presidente, para que luego sus nombramientos fueran aprobados o rechazados por el Senado.

A pesar de las reformas sobre el organismo y dotarlo de autonomía, su labor dentro del país se podría calificar entre mediocre y deficiente, pues para 2018 aún existían al menos 7 monopolios en el país sin ninguna clase de investigación abierta: América Móvil, Bimbo, Cemex, Femsa, Grupo México, Gruma y Televisa. A la vez, las apariciones de nuevos competidores a estos grupos eran casi excepcionales.

Es con ello que en el 2025 llega una nueva reforma por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual fusiona funciones de la Cofece y el IFT en un nuevo organismo: la Agencia Anti-Monopolios, incorporada a la SE.

Este nuevo organismo presenta más capacidades y poderes que sus antecesores, pero ve reducida su autonomía respecto al Ejecutivo Federal.

Por un lado, el organismo disfrutaría no solo de menores plazos de tiempo para que sus mandatos procedan, también aumenta las sanciones contra aquellas empresas que incurran en prácticas monopólicas, además de reducir el tamaño burocrático del ente, lo que sería de gran utilidad en un país donde las grandes empresas todavía gozan de suficiente poder para modificar las reglas del mercado a su favor.

Por otro, la reforma significaría la pérdida de autonomía por parte del organismo, pues ahora no dependería de un Comité de Evaluación, sino únicamente de la aprobación tanto de la presidencia como del Senado. Esto podría significar la persecución de aquellos grupos que le puedan ser incómodos al gobierno.

Como se mencionó anteriormente, la idea de un organismo que evite los abusos del mercado no es nueva ni mala. Sin embargo, si se quiere que un ente controlador de la economía funcione de manera efectiva y sin ninguna clase de sesgos políticos, lo mejor sería dotar de total autonomía con respecto al poder político. La mayor prueba de lo efectivo que puede llegar a ser este modelo es el Banco de México.

Por último, aunque la idea final de esta clase de políticas públicas es el aumento de la competencia en los mercados mexicanos y la consolidación de este, se dejan de lado dos temas importantes para este fin: los incentivos a las pequeñas y medianas empresas más allá de los apoyos sociales, y controlar las prácticas monopólicas de empresas extranjeras que operan en el país (Walmart, GM, BBVA).