ELECCIONES JUDICIALES: ENTRE LA LEGITIMIDAD POPULAR Y EL RIESGO DE LA IMPUNIDAD

En el corazón de toda democracia constitucional late un Poder Judicial independiente, competente y, sobre todo, confiable. Sin jueces imparciales, sin magistrados probos y sin ministros íntegros, el Estado de Derecho se convierte en una pieza decorativa, incapaz de garantizar justicia o contener los abusos del poder. Por eso, la reciente incorporación de mecanismos de elección popular para designar a quienes integrarán las altas esferas del Poder Judicial en México abre un debate urgente: ¿estamos democratizando la justicia o simplemente disfrazando con votos la decadencia institucional?

Las elecciones judiciales, tal como han sido concebidas en nuestro país, nacen mal paridas. No porque el sufragio directo sea un error en sí mismo, sino porque no se han establecido filtros, mecanismos de control y criterios de evaluación que aseguren que las personas electas cuenten con las credenciales éticas, jurídicas y humanas para ejercer uno de los encargos más delicados de toda república. La toga no puede ser un disfraz para oportunistas, ni el fuero un escudo para criminales. La legitimidad popular, sin legalidad ni calidad profesional, es solo populismo jurídico.

Hace unos días, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas a cargos del Poder Judicial. El motivo es escandaloso: vínculos con el crimen organizado, investigaciones abiertas ante la Fiscalía General de la República, y un bajo rendimiento académico que los inhabilita para tan alta responsabilidad. En resumen, se trata de aspirantes que ni en lo ético ni en lo técnico deberían estar compitiendo por una silla judicial.

De esas 26 personas, 18 no cumplen con los requisitos de elegibilidad constitucionales establecidos en los artículos 95 fracción IV y 97 fracción III de la Carta Magna, que exigen que quienes aspiren a ser juzgadores deben gozar de “buena reputación” y “fama pública honorable”. No es un capricho, es una garantía mínima. Sin embargo, se ha documentado que algunos de estos candidatos tienen abiertas carpetas de investigación por abuso sexual, peculado, lesiones, amenazas, y hasta delitos contra la salud y delincuencia organizada. Otros fungieron como defensores de miembros del Cártel de Sinaloa, acusados de secuestro, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y otros delitos graves.

¿Puede hablarse de justicia cuando quienes deben impartirla tienen un pie en el lodo de la criminalidad?

Este panorama es más que preocupante. A tan solo semanas de celebrarse la jornada electoral judicial, el INE enfrenta la presión de emitir una resolución que podría marcar el rumbo de la justicia en México por décadas. La omisión, la tibieza o el cálculo político no pueden ser opción. Si no se actúa con responsabilidad, estaremos legitimando con urnas lo que debería ser rechazado por la ética y la ley.

El diseño institucional de este proceso ha sido un festín para la simulación: sin filtros rigurosos de evaluación curricular, sin procesos de escrutinio ciudadano real, sin foros públicos que contrasten las trayectorias de los candidatos. Todo se ha reducido a una tómbola democrática que puede depositar en el cargo a quienes menos lo merecen, incluso a quienes representan un riesgo real para la justicia misma.

Hay que decirlo con claridad: no toda elección es democrática, y no toda voluntad popular es justa. Si elegimos criminales con votos, no estamos fortaleciendo la democracia, sino abriendo las puertas de la justicia a la barbarie.

En un país azotado por la impunidad, por la captura del Estado y por la penetración del crimen en las instituciones, lo que menos podemos permitirnos es debilitar aún más al Poder Judicial. Lo que hoy está en juego no es solo la elección de unos cuantos jueces, sino el modelo de justicia que vamos a heredar como nación. ¿Queremos jueces que sirvan a la ley o jueces que se postren ante el poder del crimen? ¿Queremos un tribunal de la república o una guarida de impunidad?

La ciudadanía, las instituciones y los medios deben alzar la voz. El INE tiene la responsabilidad histórica de actuar con imparcialidad y rigor jurídico. Y quienes aspiramos a un México verdaderamente democrático, debemos exigir que la justicia no sea tomada por asalto bajo la fachada de una elección.

Estas elecciones, de seguir su curso sin depuración, dejarán un precedente atroz en la democracia mexicana. No se trata solo de un proceso electoral fallido, sino de la consumación del peor de los escenarios: un Poder Judicial sometido, infiltrado y corrompido desde su origen.

Queda la reflexión final: si permitimos que quienes no tienen honor ni mérito lleguen a decidir sobre nuestras libertades, no será la justicia la que gobierne, sino la impunidad con traje de magistrado.