SERPIENTE PARA INSTITUCIONALISMO, ESCALERA PARA GOBIERNO
- Jonathan Juarez Luyando
- 11 may
- 3 Min. de lectura

Queda más que claro que nos encontramos en medio de una agenda pública que reforma la estructura política con la que convivimos hasta hace 6 años. Pero ¿las reformas a la estructura resultan beneficiosa para la sociedad? A todas luces las reformas resultan ser la mera acumulación de poder hacia el ejecutivo nacional, poder que, por lo menos, durante el 1994 y 2018 se había dado a instituciones que supervisan al gobierno. Fue evidente que la estructura institucionalista que se construyó incomodó al régimen morenista, o por lo menos a su cúpula política.
No debemos espantarnos que en medio del poder legislativo se hacen acuerdos políticos sobre las leyes, porque justo esa es su función, poder debatir para ajustar las propuestas legislativas, que las distintas ideologías políticas se vean reflejadas en las leyes y en cargos institucionales y judiciales.
El problema de la reforma judicial es que la ciudadanía ahora le toca hacer el trabajo de elegir cargos en el poder judicial, y no es que la sociedad civil seamos tontos, pero sí ignorantes en las funciones de los múltiples tipos de juzgados que existen y gratis, comparando que los legisladores y demás autoridades involucradas en el anterior proceso de elección seguirán percibiendo su salario sin modificación a la baja por quitarse esta tarea.
Hasta hoy, el proceso se resume poco participativo e interesante, una población que no comprende la dinámica del proceso o que ni sabía respecto a este proceso electoral. Lo cierto es que el resultado será la entrada de perfiles mucho más cuestionables que los ya existentes dentro del poder judicial.
La destrucción del institucionalismo ha vuelto a entrar en la discusión con la entrega de una propuesta de reforma en materia de telecomunicaciones, que según la presidencia anunció sería evitar la difusión de la propaganda de gobiernos extranjeros en el territorio mexicano. Ahora bien, si la reforma a entregar solo haría un ajuste para evitar dicha acción, ¿por qué la reforma contiene más de 300 páginas?
La reforma entregada a finales de abril por la presidencia al Senado mexicano se trata de una reforma que cumple con la post extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, aquel que pertenece a las instituciones autónomas extintas, para crear la llamada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, una autoridad dependiente del Ejecutivo Federal que regule y supervise de las telecomunicaciones, así como otorgar las concesiones de telecomunicaciones.
Si bien en recientes semanas, se ha armado el debate entre la Presidenta Sheinbaum y el expresidente Zedillo. Lo irónico de esto es que cada vez que la Presidenta ataca al FOBAPROA se lanza contra varias personalidades de su gobierno, que hasta resultaron ganadores del premio millonario, pues basta con tener el antecedente de la familia de su aliada Altagracia Gómez. Pero más irónico cuando la Presidenta se autonombra libertadora pero pone en marcha el aparato del estado para exhibir cuánto percibe el exmandatario.
Exactamente la nueva Agencia atraería las facultades del IFT, pero preocupa que ahora es directamente el gobierno, como se manejaba hasta principios de nuestro siglo que, de manera tendenciosa tomar la decisión de los participantes en el mercado de telecomunicaciones, y nuevamente adquiriendo el rol de autorregulación a cuestiones gubernamentales. El problema de la desaparición de los organismos autónomos no es querer criticar la agenda del actual régimen, sino temer que ya no existe un intermediario imparcial que cuestione las prácticas del gobierno.
Si bien se mencionaba que la Agencia controlaría los contenidos que actualmente se consumen en las redes sociales y las concesiones futuras a empresas paraestatales que compitieran en el mercado distribuidores de internet, hasta el momento decidieron poner en pausa la polémica y abrir el debate a los expertos de la materia.
El resultado solo será algo de lo que han hecho en los últimos meses, impondrán su mayoría legislativa, simularán dialogar y el Gobierno seguirá recuperando el poder de regular y supervisar, ahora a los medios de comunicación y los contenidos de internet. En resumen, el gobierno disfraza acabar la corrupción del poder con captar el poder.
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