MÉXICO Y LA TRAMPA DIGITAL: UNA MIRADA CRÍTICA A LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES

La más reciente propuesta de reforma en materia de telecomunicaciones, impulsada por el Ejecutivo federal, se presenta como un avance hacia la soberanía digital y la inclusión tecnológica. Sin embargo, detrás de ese discurso progresista se esconde un proyecto que podría debilitar la competencia, vulnerar derechos fundamentales y centralizar el control estatal sobre el espacio digital. México está en riesgo de pasar de la desigualdad digital… a la vigilancia institucionalizada.

DEL ACCESO COMO DERECHO AL CONTROL COMO OBJETIVO

La reforma constitucional de 2013 fue un parteaguas: se declaró el acceso a Internet como derecho humano y se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano autónomo diseñado para garantizar la competencia y evitar el control político sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión. Sin embargo, la nueva reforma busca desmantelar estos avances.

El proyecto propone eliminar la autonomía del IFT y transferir sus facultades a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), subordinada al Poder Ejecutivo. Esto no solo pone en entredicho los contrapesos institucionales, sino que representa un retroceso en la protección de derechos digitales, libertad de expresión y pluralidad informativa.

DATOS QUE NO SE PUEDEN IGNORAR:

·       Cobertura aún insuficiente: Aunque CFE Telecom ha instalado más de 60 mil puntos de acceso gratuito a Internet, el 23% de los hogares rurales sigue sin conectividad, según la ENDUTIH 2023. La brecha digital persiste, sobre todo en comunidades indígenas y zonas de alta marginación.

·       Concentración de mercado inalterada: América Móvil controla el 62.5% del mercado de telefonía móvil y casi el 50% de la banda ancha fija. La reforma no incluye medidas para incentivar nuevos competidores ni fortalecer a los operadores móviles virtuales (OMV).

·       Vigilancia sin control: El dictamen permitiría el acceso gubernamental a la geolocalización en tiempo real y a la conservación de metadatos sin orden judicial. La Suprema Corte ya ha declarado estas prácticas como inconstitucionales, pero la iniciativa ignora estos criterios.

·       Inversión en caída: La IED en telecomunicaciones cayó un 18.7% en 2023. Empresas internacionales están reconsiderando su presencia en el país ante el creciente riesgo regulatorio y la falta de reglas claras.

¿SOBERANÍA O ESTATISMO?

El gobierno sostiene que busca “recuperar la soberanía tecnológica” al priorizar a CFE Telecom e Internet para Todos. Pero no hay una política industrial real para crear tecnologías mexicanas. No se promueve la innovación nacional ni se fortalecen universidades o centros de desarrollo digital. Se habla de soberanía, pero se camina hacia un monopolio estatal que asume el papel de proveedor, regulador y juez, todo al mismo tiempo.

Además, se plantea la posibilidad de que el gobierno regule los contenidos digitales “por razones de seguridad nacional”. Esto sienta un precedente peligroso que podría derivar en censura discrecional, especialmente contra medios independientes, periodistas o críticos del poder.

EL DESMANTELAMIENTO DEL IFT

Eliminar la autonomía del IFT no solo afectaría la transparencia y la rendición de cuentas. También debilitaría la capacidad del Estado para actuar con criterios técnicos y no políticos. El IFT ha sido clave para declarar a América Móvil como agente preponderante y para diseñar esquemas de concesión más equitativos. Su desaparición implicaría que decisiones técnicas quedarían en manos de burócratas o funcionarios subordinados al Ejecutivo.

EL FUTURO: ¿DIGITAL O AUTORITARIO?

La transformación digital es una herramienta poderosa de desarrollo. Pero en lugar de acercarse a modelos de vanguardia como los de Estonia, Finlandia o Corea del Sur, México parece mirar hacia esquemas como el de China, donde el Estado controla tanto la infraestructura como los flujos de información.

De aprobarse esta reforma sin ajustes de fondo, las consecuencias podrían ser:

            •          Menor inversión en redes y tecnologías emergentes como 5G.

            •          Aumento de prácticas de vigilancia masiva sin salvaguardas judiciales.

            •          Censura de plataformas digitales disfrazada de “moderación de contenidos”.

            •          Marginalización de medios alternativos y voces críticas.

            •          Pérdida de credibilidad institucional ante organismos internacionales.

ME GUSTARIA CONCLUIR CON LO SIGUIENTE…

Esta no es una reforma para cerrar la brecha digital; es una reforma para abrir la puerta al autoritarismo digital. Más que un avance en derechos, representa un retroceso en libertades. En un país donde más del 70% de los ciudadanos obtiene información a través de redes sociales, centralizar el control sobre las telecomunicaciones no es sólo una amenaza técnica: es una amenaza política.

El Congreso tiene una decisión histórica entre manos. Puede optar por una visión democrática del Internet: libre, abierto, plural y seguro. O puede legitimar un modelo de vigilancia y control donde el Estado, en nombre del pueblo, se convierte en el único dueño del ciberespacio.