DESEQUILIBRIO LEGISLATIVO

La reforma a la Ley de Telecomunicaciones ha traído la opinión de diversos sectores de la sociedad generando a mi parecer una notable inestabilidad jurídica.  

El proyecto que viene a consecuencia de la reforma realizada a algunos párrafos del artículo 28 constitucional eliminó órganos destacables como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), creando así la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). 

Aunque la ATDT pretende crear una serie de avances como impulsar a la radio con un enfoque más diverso, social y público así como el aumento de tiempo destinado a contenidos, educativos y culturales, también conlleva una serie de tropiezos. Uno de los riesgos más destacables en el proyecto es el bloqueo temporal a plataformas digitales cuando sea procedente, ubicado en el artículo 109 de esta ley, mismo que al darse a conocer ante la opinión pública fue considerado como un intento de censura. 

Por otra parte, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no tiene la intención de censurar, por lo que pidió revisar y si fuere posible modificar el contenido del artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones.

La cuestión es que en las comisiones del Senado se había avanzado en las reformas para prohibir la difusión de propaganda de gobiernos extranjeros en México, misma que se había transmitido días antes. Es preocupante que existan proyectos de ley de este tipo, pues muestra la deficiente habilidad para legislar y crear normativas que tengan un enfoque de justicia social, donde lo único que importe sea salvaguardar los derechos humanos.

Lo que sucede entre la Presidenta y los senadores que continuaron con el proyecto es una alerta de focos rojos, pues a pesar de que no está obligada a hacerlo, no significa que debe omitir el contenido de las leyes que se proponen. 

Debido al extremo ruido que causó el contenido de la ley y aún más sobre los riesgos que implicaría su aprobación, la Barra Mexicana de Abogados destacó prudente la decisión que adoptó el Gobierno Federal de poner pausa a este proyecto, al considerar pertinente un tiempo más prolongado para someter el asunto a discusión, algo con lo que coincido.

No es necesario estudiar o ser un experto en leyes para saber que uno de los derechos humanos más importantes que hoy en día gozamos es el libre acceso a la información y sobre todo la libre expresión, un derecho que por cierto ha costado la lucha y vida de generaciones para hoy en día podamos gozar de ellos. 

Lo mejor desde mi perspectiva sería invitar a expertos en la rama a estos diálogos para poder realizar una ley más sólida en toda la estructura que no dé cabida a las lagunas de ley, propiciando así la colaboración entre distintos sectores de la sociedad y no sólo de un órgano (o Agencia en este caso) que controle todos los sistemas de telecomunicaciones y radiodifusión.

Necesitamos senadores y diputados con una nueva visión, hacen mucha falta. No porque se encuentren en el partido con mayor poder en este momento significa que durarán para siempre.

Después de todo, sólo espero que cuando llegue el momento de retomar este proyecto de ley se tenga un enfoque en cada legislador de proteger los derechos fundamentales de cada uno de los mexicanos. 

¡Aprovechen el poder que les fue conferido, recuerden el porqué fueron electos!