EL GRAVE ALEJAMIENTO DEL SECTOR SALUD EN EL PODER LEGISLATIVO

En México, el sistema de salud se ha visto cada vez más alejado de las verdaderas necesidades de la población. Con cada nuevo sexenio, los cambios en la administración y las políticas públicas no han logrado consolidar un esquema efectivo y sostenible para garantizar el derecho a la salud. Esta situación afecta no solo a los ciudadanos mexicanos, sino también a cualquier persona que requiera atención médica en el país.

Diversos factores contribuyen a esta problemática: la falta de recursos básicos como medicamentos, materiales de limpieza, personal administrativo, de seguridad y, sobre todo, personal médico capacitado. A pesar de que existen foros, organizaciones y hospitales, no se percibe un esfuerzo real por parte de las autoridades para escuchar sus demandas ni para implementar soluciones tangibles.

No se han promovido reformas ante el Poder Legislativo que aborden de manera integral los retos del sistema de salud. El mal manejo del presupuesto ha llevado a la compra de medicamentos de baja calidad, algunos incluso obsoletos o ineficaces, lo que compromete gravemente la atención a los pacientes. Además, se ha evidenciado una falta de capacitación adecuada para enfermeros, pasantes y demás profesionales de la salud, limitando su preparación al ámbito teórico-práctico sin una formación continua ni gratuita.

Es urgente establecer una reforma que contemple:

·       Capacitación obligatoria y gratuita en hospitales públicos.

·       Control en el costo de insumos médicos y medicamentos.

·       Reducción de impuestos en productos de uso médico.

·       Protocolos claros para la contratación de personal de salud, incluyendo revisión de antecedentes y criterios éticos y profesionales.

La situación también evidencia una preocupante falta de humanismo y profesionalismo en ciertos sectores del personal médico. Se han documentado casos de negligencia, actos delictivos y errores administrativos que afectan directamente el derecho a la salud. Por ello, es necesario establecer sanciones administrativas y mecanismos de supervisión para garantizar un trato digno y profesional a los pacientes.

En gobiernos anteriores, especialmente durante las administraciones del PRI y PAN, se promovió la participación de la iniciativa privada en el sistema de salud, otorgando concesiones que, si bien respaldadas por empresarios con experiencia en el sector, reflejaban una tendencia hacia la privatización. Con la llegada de MORENA, el discurso ha cambiado hacia la nacionalización del sistema de salud, promoviendo la idea de que la salud es un derecho universal. Sin embargo, más allá de ideologías, esta visión debe traducirse en acciones concretas y no quedarse en promesas o discursos.

Si los legisladores y autoridades no muestran voluntad ni compromiso para mejorar el sistema de salud, otros sectores —como la comunidad científica, académica, empresarial y legal— pueden y deben participar activamente, generando propuestas y estudios que contribuyan al fortalecimiento del sistema. Esto incluye la colaboración con farmacéuticas, economistas y expertos en políticas públicas.

Finalmente, los titulares de instituciones como la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE deben actuar con autonomía, profesionalismo e independencia, alejados de intereses partidistas o personales. Solo así podrán desempeñar su labor como verdaderos servidores públicos comprometidos con el bienestar de la población.