LA REFORMA EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA EN MÉXICO: UN NUEVO PARADIGMA REGULATORIO

En abril de 2025, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) que propone una reconfiguración profunda del marco institucional y normativo en materia de competencia económica en México. Esta reforma plantea la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), un nuevo órgano con autonomía técnica y operativa encargado de vigilar y sancionar prácticas anticompetitivas en todos los sectores y mercados del país.

Uno de los cambios más significativos es la reducción de los umbrales para la notificación de concentraciones, lo que implica que un mayor número de operaciones deberán ser reportadas a la autoridad para su evaluación. Además, se propone el endurecimiento de las multas por prácticas anticompetitivas, con sanciones que podrían alcanzar hasta el 20% de los ingresos del agente económico infractor.

La reforma también introduce un nuevo Libro Cuarto en la LFCE para regular la participación cruzada en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, en cumplimiento del artículo 28 constitucional. Este cambio busca evitar la concentración de poder en estos sectores estratégicos y promover una mayor competencia.

Durante el periodo de transición, la COFECE continuará ejerciendo sus funciones y tramitando sus procedimientos hasta que la CNA entre en operación. Se espera que los asuntos en curso sean transferidos al nuevo organismo regulador, garantizando la continuidad en la aplicación de la política de competencia.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la competencia económica no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar el acceso equitativo a productos, servicios y oportunidades. Un mercado concentrado puede obstaculizar el desarrollo de pequeños productores, afectar a comunidades enteras y generar barreras estructurales de exclusión. Por ello, cualquier reforma en esta materia debe partir de una visión integral que ponga en el centro el bienestar colectivo, la sostenibilidad económica y la equidad social.

En conclusión, la reforma en materia de competencia económica representa un cambio significativo en el panorama regulatorio mexicano. Si bien busca fortalecer la vigilancia y sanción de prácticas anticompetitivas, es fundamental que se mantenga la independencia técnica de los órganos reguladores y se garantice la transparencia y rendición de cuentas en sus actuaciones. Solo así se podrá asegurar que la competencia económica funcione como un instrumento para promover el bienestar social y el desarrollo inclusivo.