REFORMA ELECTORAL EN MÉXICO: ¿RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA O RIESGO DE CENTRALIZACIÓN?

El pasado 4 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, reforma que desde la administración de López Obrador se intentó hacer realidad en el país. Así pues, previo a la presentación de la reforma de forma oficial, la Comisión creada por la presidenta incluye perfiles afines al oficialismo actual, lo cual ha generado opiniones divididas entre expertos en la materia y la sociedad civil. 

Los perfiles que integran dicha Comisión son: 

• Pablo Gómez, coordinador de la nueva Comisión Presidencial.

• Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación.  

• José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. 

• Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. 

• Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia de la República. 

• Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República. 

• Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República (Milenio, 2025). 

Dicho de otra forma, la línea que se sigue para la Reforma Electoral propuesta continúa con el proyecto del antecesor de la silla presidencial, pues la totalidad de los perfiles señalados se alinean al proyecto de la Cuarta Transformación desde la administración presidencial anterior, lo cual, ha dejado en duda si ésta realmente reunirá las voces de todas y todos los mexicanos, pues su tarea conlleva la realización  de debates, consultas, audiencias y eventos públicos en todo el país previo a su presentación en la máxima tribuna de la república. 

Para comprender el contenido de la reforma, es que se procede a desmembrarlo parte por parte en el presente artículo. Primeramente, la propuesta tiene como fin adecuar el sistema electoral mexicano, destacando la necesidad de “ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos, insertar el principio de austeridad en el sistema electoral, fortalecer la vida partidista, equilibrar el poder y la imparcialidad en las contiendas electorales, así como homologar los procesos electorales locales y el método de representación” (Pérez de Acha, 2025). 

Adicionalmente, esta reforma busca reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE), convirtiéndolo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), siendo este segundo el único órgano público electoral del país, lo que quiere decir que absorbería las funciones electorales federales y locales. A su vez, se propone una reducción considerable de consejeros y de magistrados electorales, mismos que serían electos por el voto popular, siendo estos postulados por los tres poderes del Estado mexicano, concluyendo con la “calificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” (Pérez de Acha, 2025). 

Por su parte, también se plantea la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Precisamente se propone reducir a la mitad al referido financiamiento, así como las aportaciones de las personas a los partidos y su respectivo uso y, junto a ello, el establecimiento de reglas para la obtención de recursos privados con la finalidad de sufragar los gastos de las campañas. 

En suma de lo anterior, es que en la próxima reforma se busca la eliminación de los legisladores “plurinominales”, aquellos que no son votados por la ciudadanía, pero sí impuestos por las dirigencias de los partidos políticos por medio de listas, por lo que la Cámara de Diputados pasaría de tener 500 a 300 diputados, mientras que el Senado de la República pasaría de 128 a 64 senadores. Además, se contempla la reducción de regidores y concejales en los ayuntamientos, de manera que se establecen rangos acordes a la población por municipio para determinar la cantidad de estos. 

En ese sentido, la iniciativa propone eliminar los órganos públicos electorales locales (OPLEs) y transferir sus funciones al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para reducir el alto costo del sistema político mexicano, dado que el presupuesto conjunto de autoridades electorales federales y locales ascendió a 68,300 millones de pesos en 2018, con un crecimiento del 400% en veinte años. Se argumenta que esta centralización permitirá homologar los procesos electorales locales al sistema federal, y prevé la transferencia de los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales de los OPLEs al nuevo órgano nacional (Pérez de Acha, Laboratorio Electoral, 2025).

Por último, pero no menos importante, la propuesta de reforma electoral en México representa tanto un momento de riesgo como de oportunidad: Si bien busca eficiencia, austeridad, mayor representatividad y la modernización de las instituciones electorales, la integración de la comisión responsable exclusivamente con perfiles afines al gobierno y la centralización de las funciones electorales pueden dar lugar a preocupaciones sobre la pérdida de pluralidad, contrapesos y legitimidad democrática. 

Por ende, a título personal, cierro reflexionando que el éxito de la reforma, por tanto, dependerá de que el proceso incorpore el debate público, el consenso político y las voces de la sociedad civil, para que los cambios deriven en un sistema más justo y sólido sin socavar la confianza en la democracia mexicana.