DE LA REFORMA JUDICIAL A LA REFORMA ELECTORAL: SIN ESTADO DE DERECHO NI DEMOCRACIA

No es nada sorprendente el saber que nuevamente se está impulsando una denominada “Reforma Electoral” en aras de los comicios que se encuentran por venir en 2027 (específicamente los dirigidos a diputados y senadores). Lo anterior bajo el muy ya boicoteado estandarte de la austeridad republicana y la voluntad popular.

Es por ello que el pasado 4 de agosto del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el cual fue creada la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual en resumidas cuentas tendrá la obligación realizar los análisis necesarios así como las consultas, mesas de trabajo y demás herramientas de dialogo para que mencionada “Reforma Electoral” pueda sustentarse en bases sólidas y por ende cumplir el fin que la misma busca. 

Pero, como todos sabemos, los fines de dichos cambios no son más que suprimir 200 diputados de la Cámara Baja del Congreso Unión, con el pretexto institucional y gubernamental de ahorrar más dinero para la Federación y en tanto poder utilizarlo en otras cuestiones. Así mismo y en conexión, lo que se buscaría con tales cambios serian la disminución del presupuesto a los partidos políticos así como con el arbitro electoral, es decir, el Instituto Nacional Electoral, ya que en propias palabras de la mandataria Sheinbaum Pardo: “al pueblo no le gusta que a los partidos se les entreguen tantos recursos, que las elecciones cuesten tanto y que no quiere que haya tantos plurinominales”

De lo anterior, se dilucida una vez más el discurso populista y carente de fundamentación en las acciones de políticas publicas que se pretender realizar en el actual gobierno mexicano. 

Tampoco habrá que perder de vista ni muchos olvidar lo que aconteció durante muchas décadas en la Republica Mexicano bajo el estandarte tricolor a cargo del Partido Revolucionario Institucional, específicamente cuando no existían verdades elecciones que garantizaran un resultado imparcial así como una participación ciudadana igualitaria. Eso al menos hasta que llego el año de 1977 bajo la guía y pluma del ilustrado Jesus Reyes Heroles, quien sentaría las bases de la tan necesaria reforma política que aconteció en el año antes mencionado, la cual implemento el sistema de representación proporcional en la Cámara de Diputados así como avances en lo referente a la creación de árbitros electorales los cuales se encargaran de vigilar todo el proceso democrático para así garantizar legalidad en las elecciones. 

No hay que ser un especialista en temas electorales para dilucidar las verdaderas intenciones que se tienen para con esta denominada “Reforma Electoral”. El haberse realizado un protocolo innecesario siendo publicado en el DOF e integrando en tal Comisión Presidencial a personajes carentes de conocimiento en materia electoral así como afinidad extrema al movimiento del partido gobernante en turno, así como otorgando un plazo de tiempo hasta enero de 2026, fecha en la cual deberá ser presentada una propuesta final y solida para así poder ser aprobada de manera rápida, lo cual ya es habitual. 

Evitemos perder de vista lo que se pretenderá hacer con estos nuevos cambios. Si algo nos ha quedado claro es que la única transformación que hemos tenido hasta el momento y que continuaremos teniendo hasta que lo decidamos, es una transformación regresiva, negativa y con más retrocesos que progresos.