LA REFORMA ELECTORAL

México vive un momento decisivo en su historia democrática. La reforma electoral que viene no es una simple modificación técnica, sino la oportunidad de consolidar un cambio profundo que haga de la democracia un instrumento real del pueblo y no un mecanismo al servicio de las élites. Desde una visión transformadora, esta reforma debe ser entendida como parte del proyecto de nación que busca devolverle al pueblo su papel central en la vida pública.

Uno de los puntos más discutidos es el relativo al sistema de partidos y a la representación ciudadana. La propuesta de reducir el número de legisladores plurinominales abre un debate necesario: por un lado, implica una medida de austeridad y un esfuerzo por simplificar la representación política; por el otro, plantea el reto de no debilitar la voz de las minorías que también forman parte del mosaico nacional. La política no debe ser privilegio de unos pocos, sino un derecho colectivo para que todas las voces sean escuchadas.

El financiamiento público de los partidos es otro de los temas medulares. En el pasado, vimos cómo los recursos se malgastaban en campañas millonarias, alejadas de las verdaderas necesidades sociales. La reducción del financiamiento público busca terminar con esos excesos, pero al mismo tiempo exige establecer mecanismos sólidos de fiscalización que eviten que el dinero privado —muchas veces de origen oscuro— penetre y distorsione la vida política. Aquí se juega una oportunidad histórica: garantizar que la democracia no sea comprada por unos cuantos, sino sostenida por la voluntad mayoritaria del pueblo.

En lo que respecta a la organización de las elecciones, se espera fortalecer la autoridad electoral bajo criterios de austeridad, eficacia y transparencia. Se trata de romper con el modelo burocrático y oneroso que caracterizó al sistema durante décadas, cuando organizar una elección significaba costos exorbitantes. Sin embargo, la austeridad no debe confundirse con debilitamiento institucional. La independencia de los órganos electorales y la confianza ciudadana en ellos son condiciones indispensables para que los resultados reflejen la voluntad popular.

Los puntos clave a debatir son claros: representación de las minorías, financiamiento transparente y suficiente, austeridad con eficacia en la organización de las elecciones y la independencia de las autoridades electorales. Los riesgos también están a la vista: debilitar la pluralidad, abrir la puerta al financiamiento indebido, o generar desconfianza en las instituciones. Pero las oportunidades son aún más grandes: construir un sistema más austero, representativo y honesto que dé certeza a cada ciudadano de que su voz cuenta.

Desde un punto de vista personal, esta reforma electoral no es un fin en sí mismo, sino un paso hacia adelante en el proceso histórico que busca erradicar la corrupción, dignificar la política y devolverle al pueblo el poder que le fue arrebatado durante décadas. Se trata de elegir entre seguir anclados a un modelo elitista y costoso o dar un paso firme hacia una democracia auténtica, cercana y participativa.

En suma, la reforma electoral que viene representa un desafío, pero también una oportunidad. Si se asume con responsabilidad y visión de futuro, podrá convertirse en uno de los pilares de la transformación democrática de México. El pueblo de México, como siempre, será el juez supremo de este proceso, y será también quien marque con su voz y su voto el rumbo de nuestra historia.