LA REFORMA ELECTORAL QUE VIENE

El 4 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su propuesta de reforma electoral y anunció la creación de una Comisión Presidencial, encabezada por Pablo Gómez, con el objetivo de elaborar un diagnóstico integral y proponer la iniciativa legislativa correspondiente.

La reforma busca centralizar y simplificar la organización electoral, reducir los costos operativos, limitar la representación proporcional de los partidos, fomentar la participación ciudadana y garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, especialistas y críticos advierten que estos cambios podrían generar riesgos significativos para la pluralidad y la equidad del sistema político.

Entre las principales medidas propuestas se encuentra la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), centralizando funciones federales y locales y eliminando los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Expertos alertan que esta concentración de poder podría debilitar la autonomía de los procesos electorales y aumentar el riesgo de parcialidad.

Asimismo, se plantea que los consejeros electorales y posiblemente los magistrados sean elegidos directamente por la ciudadanía, en lugar de ser designados por los legisladores. Aunque se presenta como un mecanismo democrático, críticos señalan que podría politizar los órganos electorales y encarecer la elección de estos funcionarios.

La reforma también propone una reducción significativa de legisladores plurinominales, pasando los diputados de 500 a 300 y los senadores de 128 a 64. La asignación de escaños a los segundos lugares no compensaría el recorte, lo que podría favorecer a los partidos mayoritarios y debilitar la diversidad política en el Congreso.

Otro de los cambios importantes es el recorte del financiamiento público a los partidos, especialmente en años no electorales. Se plantea la alternativa de aportaciones privadas limitadas y bancarizadas, medida que podría generar desigualdad en la competencia electoral y riesgos de financiamiento irregular.

En paralelo, la reforma busca centralizar y hacer más austeras las estructuras del sistema electoral, reduciendo personal y funciones del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Si bien se persigue eficiencia, esta concentración de funciones podría afectar la capacidad operativa y la fiscalización de los procesos electorales.

Se contempla también la revocación de mandato y consultas populares, con un umbral de participación más bajo para que los resultados sean vinculantes. Críticos advierten que esto podría debilitar su legitimidad y aumentar la influencia de grupos con mayor capacidad de movilización, afectando la representatividad ciudadana.

Finalmente, la reforma formaliza el acceso a medios de comunicación política, estableciendo 48 minutos diarios en radio y televisión para partidos, candidaturas independientes y el INEC. No obstante, especialistas señalan que este tiempo podría ser insuficiente para garantizar información equitativa y favorecer la competencia justa entre partidos.

En conjunto, los cambios propuestos podrían consolidar la ventaja de los partidos mayoritarios, limitar la pluralidad política y generar riesgos de concentración de poder en el INEC. Aunque busca eficiencia y mayor participación ciudadana, la reforma enfrenta críticas importantes sobre su impacto en la representatividad, la equidad y la transparencia del sistema electoral mexicano.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS CLAVE A DEBATIR?

Uno de los temas centrales es la autonomía y concentración de poder: la creación del INEC y la desaparición de los OPLEs podrían mejorar la eficiencia administrativa, pero también concentran el control electoral en un solo organismo, lo que despierta dudas sobre su imparcialidad.

La pluralidad y representación también se ponen en juego. La reducción de legisladores plurinominales limitaría la presencia de minorías políticas, favoreciendo a los partidos mayoritarios y reduciendo la diversidad en el Congreso.

En cuanto a la equidad en la competencia, la disminución del financiamiento público y la apertura a aportaciones privadas generan incertidumbre. Aunque se busca austeridad, el riesgo es que los partidos con mayores recursos o contactos económicos tengan ventajas desproporcionadas.

La participación ciudadana se plantea como un eje de la reforma, con propuestas como la elección popular de consejeros y la reducción del umbral para consultas y revocación de mandato. Sin embargo, existe el peligro de que estas medidas politicen a los órganos electorales o que la baja participación reste legitimidad a los procesos.

Respecto a la eficiencia y costos, la centralización y la austeridad estructural prometen disminuir gastos, pero podrían debilitar la capacidad operativa y técnica del sistema electoral.

Por último, en materia de acceso a medios, los 48 minutos diarios de transmisión para partidos, independientes y el INEC podrían resultar insuficientes para garantizar una competencia equilibrada, especialmente frente a partidos dominantes.

¿QUÉ RIESGOS Y OPORTUNIDADES PRESENTA?

Los riesgos principales se centran en la concentración de poder en un solo organismo, la pérdida de pluralidad política y la desigualdad en la contienda electoral debido a la reducción del financiamiento público. Estas medidas podrían generar un sistema más cerrado y menos representativo.

No obstante, también existen oportunidades. La reforma abre la posibilidad de simplificar la organización electoral, reducir costos operativos y acercar a la ciudadanía a los procesos democráticos mediante mecanismos de participación directa.

En suma, la reforma plantea un dilema: si bien busca eficiencia, austeridad y mayor participación, sus implicaciones podrían comprometer la autonomía, la equidad y la diversidad del sistema político mexicano.

Esta reforma electoral nos invita a preguntarnos qué tipo de democracia queremos. ¿Buscamos eficiencia y ahorro, o pluralidad y representación? Cada cambio tiene un “por qué” y un “para qué”: centralizar el poder puede simplificar procesos, pero también puede limitar voces; reducir recursos a partidos puede ahorrar dinero, pero corre el riesgo de favorecer a los más fuertes; abrir la participación ciudadana puede empoderar, pero solo si se garantiza transparencia y legitimidad.

Es momento de hacer conciencia: necesitamos un sistema electoral que no solo funcione, sino que sea justo, inclusivo y confiable. Debatir, cuestionar y reflexionar sobre estas propuestas no es un acto de oposición, sino un paso fundamental para garantizar que nuestra democracia siga siendo diversa, equitativa y participativa.