LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN MÉXICO: ¿UNA OPORTUNIDAD REAL O UNA UTOPÍA INALCANZABLE?

La democracia participativa ha sido presentada en México como la gran esperanza para transformar la relación entre la ciudadanía y el poder político. Se nos ha dicho que, con los mecanismos adecuados, la gente podrá tener una voz más activa en las decisiones públicas, rompiendo con la exclusividad de los partidos y las élites. Sin embargo, a pesar de los avances legales en este rubro, la realidad nos obliga a preguntarnos: ¿realmente estamos preparados para un mayor involucramiento ciudadano en la toma de decisiones o seguimos atrapados en un modelo que simula la participación sin cambiar la esencia del poder?

Los mecanismos existen, pero ¿funcionan?

En teoría, México cuenta con diversos instrumentos para la participación ciudadana, como la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato y la iniciativa ciudadana. Sin embargo, en la práctica, estos mecanismos han sido utilizados de manera limitada y muchas veces con fines políticos más que democráticos.

Un claro ejemplo fue la consulta para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía en 2018. Más allá de su legitimidad jurídica, dejó en evidencia que estos ejercicios suelen estar dirigidos por intereses específicos, con poca información técnica y una participación ciudadana mínima. En otros casos, como la revocación de mandato impulsada en 2022, el proceso estuvo plagado de confrontaciones partidistas y terminó por convertirse en una plataforma de legitimación política más que en un ejercicio ciudadano real.

El problema es claro: la participación ciudadana no se trata solo de votar en una consulta, sino de incidir de manera informada y constante en las políticas públicas. Y es aquí donde radica uno de los principales desafíos: la falta de una cultura de participación efectiva, producto de décadas de apatía, desinformación y desconfianza en las instituciones.

Obstáculos estructurales: ¿por qué no participamos más?

El involucramiento ciudadano enfrenta barreras que van más allá del simple desinterés. El sistema político mexicano sigue siendo profundamente vertical y burocrático, diseñado para que las decisiones se tomen desde arriba y la ciudadanía juegue un rol pasivo. Los procedimientos para impulsar iniciativas o consultas suelen ser engorrosos, con requisitos excesivos que desalientan cualquier intento de participación genuina.

Además, la falta de acceso a la información y la educación cívica es un problema fundamental. La mayoría de la población no conoce los mecanismos de participación existentes, y cuando los conoce, no confía en ellos. La idea de que “no sirve de nada” involucrarse está profundamente arraigada en una sociedad que ha visto cómo, elección tras elección, los intereses de unos pocos se imponen sobre el bienestar colectivo.

Otro factor es la desigualdad. La participación no es igual para todos. Los ciudadanos con mayor nivel educativo, acceso a tecnología y tiempo libre tienen una ventaja evidente sobre quienes enfrentan condiciones de marginación y pobreza. En este sentido, la democracia participativa corre el riesgo de convertirse en un privilegio de ciertos sectores y no en un derecho accesible para todos.

La participación simbólica: ¿más show que realidad?

En los últimos años, el discurso oficial ha promovido la idea de que la ciudadanía tiene más poder que nunca, pero la realidad es que, en muchas ocasiones, la participación sigue siendo meramente simbólica. Las consultas ciudadanas promovidas desde el gobierno han servido más para validar decisiones ya tomadas que para abrir verdaderos espacios de deliberación pública.

Un caso reciente es el del Bosque de Agua, un ecosistema crucial para el centro del país. Si bien se ha firmado un convenio para su protección con la participación de la sociedad civil, queda la duda de hasta qué punto estas iniciativas responden realmente a la voluntad de la gente o son solo acciones de relaciones públicas para dar la impresión de apertura y diálogo.

¿Es viable un verdadero involucramiento ciudadano?

A pesar de todo, no podemos descartar la posibilidad de que la democracia participativa en México evolucione hacia un modelo más efectivo. Sin embargo, para que esto suceda, se requieren cambios estructurales que faciliten y fomenten la participación activa de la ciudadanía. Es fundamental simplificar los procedimientos, garantizar la transparencia en la toma de decisiones y, sobre todo, generar confianza en las instituciones.

La reciente presión de la presidenta Claudia Sheinbaum al INE para definir las reglas de la elección judicial muestra que la participación ciudadana también puede ser usada como un arma política. Si no se manejan con cuidado y con criterios técnicos claros, estos ejercicios pueden volverse un boomerang que termine restando credibilidad al sistema democrático.

Además, las autoridades deben asumir que la participación ciudadana no es un capricho temporal, sino un derecho que requiere ser fomentado con educación, acceso a la información y espacios de deliberación real.

Reflexión final

La democracia participativa en México no es una utopía inalcanzable, pero tampoco es una realidad consolidada. Estamos en una etapa de transición en la que se han abierto algunos canales de participación, pero aún falta mucho para que estos se traduzcan en un verdadero empoderamiento ciudadano.

Para que la participación deje de ser un simple discurso y se convierta en un pilar fundamental de la democracia mexicana, es necesario un compromiso conjunto entre autoridades, instituciones y la sociedad en su conjunto. Si no se generan cambios profundos, la democracia participativa seguirá siendo un espejismo, útil solo para justificar decisiones ya tomadas, pero incapaz de generar un cambio real.