LA DEMOCRACIA JUDICIAL EN RUINAS: CUANDO VOTAR POR JUECES SE VOLVIÓ UNA FARSA

El pasado domingo 1 de junio de 2025, México fue escenario de una elección histórica y al mismo tiempo profundamente preocupante. Por primera vez en nuestra vida republicana, la ciudadanía tuvo la posibilidad de elegir a 2,681 impartidores de justicia entre jueces, magistrados y ministros de los ámbitos federal y estatal. Esta elección prometía democratizar al Poder Judicial. Pero lo que se perfilaba como un acto inédito de participación y empoderamiento popular, terminó convertido en un simulacro electoral carente de legitimidad, con apenas un 13% de participación ciudadana, según confirmó el Instituto Nacional Electoral (INE). 

¿Quiénes ganaron realmente? ¿La justicia? ¿La democracia? ¿O fue el poder político el que, bajo el disfraz de “consulta popular”, buscó controlar uno de los últimos bastiones de contrapeso institucional? Este artículo pretende desentrañar lo que realmente ocurrió y lanzar una advertencia clara para el futuro: elegir jueces por voto popular, bajo estas condiciones, no fortalece a la justicia, la debilita hasta dejarla al borde del colapso. 

EL CAOS DE UNA ELECCIÓN SIN CIMIENTOS 

En teoría, permitir que la ciudadanía decida quiénes serán sus impartidores de justicia suena atractivo. En la práctica, fue un desastre orquestado por la improvisación, la opacidad y la desinformación. No hubo campañas visibles. No hubo debates. No hubo perfiles difundidos ampliamente. No hubo PREP, ni conteo rápido, ni participación ciudadana en el escrutinio. Hubo boletas llenas de nombres desconocidos. Hubo confusión generalizada. Y, sobre todo, hubo desinterés. No porque la justicia no importe, sino porque el proceso fue inaccesible, ilegible e irrelevante para la mayoría de los votantes. 

Es absurdo exigirle al ciudadano común que elija entre miles de candidatos para un cargo técnico que ni siquiera entiende del todo. ¿Cómo se mide la idoneidad de un juez? ¿Qué credenciales lo hacen competente? ¿Cómo se evalúa su independencia? Nadie lo explicó. Nadie lo discutió. Y sin embargo, se esperaba que los ciudadanos acudieran a las urnas con sabiduría institucional. El resultado estaba cantado: solo 1 de cada 10 mexicanos votó. No por apatía, sino porque el sistema estaba diseñado para fallar desde su concepción. 

LA JUSTICIA COMO BOTÍN POLÍTICO 

La raíz de esta elección judicial no es democrática, es política. Desde 2018, muchas de las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron detenidas por el Poder Judicial: desde la reforma eléctrica, hasta el Plan B electoral. La Suprema Corte y los tribunales administrativos se convirtieron, por diseño o por necesidad, en el último dique frente al poder desbordado del Ejecutivo. La justicia no actuó como enemiga del presidente, sino como contrapeso. Y fue esa función, precisamente, la que se le quiso arrebatar. 

La reforma judicial, lejos de ser una demanda popular, nació como respuesta a esa resistencia institucional. Fue un acto de revancha política disfrazado de justicia popular. Se pretendió que el pueblo, cansado de la “justicia para unos cuantos”, pusiera orden eligiendo directamente a sus jueces. Pero lo que se les ofreció no fue justicia social, sino una simulación. Una elección sin información es solo una coartada democrática. Y cuando quienes deben garantizar imparcialidad judicial son electos por mayorías desinformadas o manipuladas, lo que se obtiene no es más justicia, sino más poder político. 

UNA DEMOCRACIA SECUESTRADA POR EL DISCURSO DEL PUEBLO 

El discurso oficial celebró la elección como una “victoria de la soberanía popular”, como un paso hacia la democratización del Estado. Pero, ¿cómo puede hablarse de soberanía cuando el pueblo no entiende a quién está eligiendo? ¿Cómo puede hablarse de democracia cuando la información, el debate y la transparencia brillan por su ausencia? 

Esta no fue una elección, fue una imposición. Se utilizó al pueblo como escudo para legitimar un cambio institucional que no nació del consenso, sino del conflicto. Se apeló a la voluntad ciudadana sin haber cultivado previamente la conciencia ciudadana. Y se exigió participación sin ofrecer herramientas para decidir con responsabilidad.

Es aquí donde el sistema mostró su mayor falla: no se puede pedir al pueblo que tome decisiones trascendentales sin educarlo, sin informarlo, sin prepararlo. No se puede sustituir el conocimiento técnico con el voto emocional. No se puede elegir jueces como si fueran influencers o estrellas de reality. La justicia requiere mérito, no popularidad. 

CONCLUSIÓN: LA ADVERTENCIA ESTÁ DADA 

Este proceso no debe repetirse. No en estas condiciones. No con esta estructura. No con esta lógica. Porque elegir a los jueces no garantiza justicia. Y mucho menos cuando se hace a ciegas, sin voz, sin contexto, sin legitimidad. 

El 1 de junio pasará a la historia no como el día en que democratizamos la justicia, sino como el día en que casi la entregamos al poder político con una sonrisa. No se trata de estar a favor o en contra del presidente, se trata de defender principios básicos: separación de poderes, independencia judicial, profesionalización de los tribunales, y sí, participación ciudadana... pero bien informada. 

A la ciudadanía mexicana le digo, con la firmeza que me permite el estudio de la política y la responsabilidad del análisis: si vuelven a llamarte a votar por jueces sin explicación, sin perfiles, sin garantías, di NO. No con indiferencia, sino con organización. No con resignación, sino con conciencia. No podemos permitir que nos arrebaten la justicia en nombre de una democracia que no existe. 

La próxima vez que quieran vestir una trampa como una fiesta democrática, pregúntate: ¿quién gana realmente? ¿El pueblo? ¿O el poder que quiere controlarlo todo?