ELECCIÓN JUDICIAL EN MÉXICO: EL EXPERIMENTO DEMOCRÁTICO QUE TERMINÓ EN FRACASO

El pasado 1° de junio de 2025, México vivió un momento inédito en su historia  electoral: por primera vez, la ciudadanía fue llamada a participar en la elección  directa de personas juzgadoras. Se trató de un ejercicio que el gobierno federal  impulsó como una transformación histórica del Poder Judicial y un paso hacia su  democratización. Sin embargo, lo que en el discurso fue presentado como un  avance democrático, en la práctica se convirtió en un ejercicio fallido, marcado por  la apatía, la desinformación y una preocupante falta de preparación institucional. 

Pese al fervor del oficialismo por proclamar la jornada como un "éxito", los sucesos  cuentan una historia diferente. Los niveles de implicación de los ciudadanos fueron  significativamente bajos en la mayoría de las instituciones. Aún más grave: al ser  interrogados, numerosos votantes desconocían claramente ni qué se estaba  seleccionando ni quiénes eran los candidatos. La mayoría ignoraba las  asignaciones de los puestos judiciales en conflicto, sus características, propuestas  o trayectorias. En resumen, votaron a ciegas, sí, votaron. 

Las campañas de los candidatos fueron insuficientes, monótonas y, en numerosas  situaciones, carentes de contenido. En contraste con las elecciones legislativas o  ejecutivos, en las que el elector ya posee cierta familiaridad con partidos y  personajes, en esta elección judicial los perfiles no tuvieron un posicionamiento y  sus mensajes no consiguieron impactar en la opinión pública. La complejidad del  procedimiento y la ausencia de educación institucional propiciaron un ambiente de  confusión amplia.

Desde una perspectiva legislativa, este caso demuestra una seria negligencia del  Estado mexicano: llevar a cabo una reforma sin los mecanismos apropiados de  acompañamiento normativo, informativo y educativo. Aunque el Tribunal Electoral  del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) autorizó la promoción del proceso por  parte de los poderes públicos, no se estableció una distinción precisa entre  información y propaganda, lo que derivó en una sobrecarga de mensajes políticos  sin relevancia educativa para el ciudadano. 

Además, tanto el INE como otras autoridades electorales locales se encontraron  con un dilema único: ¿cómo llevar a cabo una elección donde la población  desconozca qué está en juego? La respuesta no fue adecuada, y la tarea de explicar  el proceso recayó, de forma desorganizada, en participantes dispersos y sin una  narración conjunta. Lo sucedido el 1° de junio no debe ser subestimado ni  encubierto bajo la excusa de un supuesto triunfo político. El primer intento de  elección judicial evidenció que la democratización de la justicia no solo se alcanza  por medio del sufragio, sino también mediante una ciudadanía educada, una  estructura jurídica transparente y una cultura democrática robusta. Nada de eso se  manifestó. Más que una fiesta democrática, este proceso fue un simulacro mal  ejecutado que podría poner en riesgo la legitimidad de quienes resultaron electos.  En un contexto de polarización y desconfianza institucional, elegir jueces sin saber  quiénes son ni qué representan puede ser más perjudicial que beneficioso para el  sistema judicial. 

Si México verdaderamente desea establecer un Poder Judicial más democrático, es  necesario reconsiderar a fondo este modelo. No es suficiente con abrir las urnas:  es necesario edificar un ambiente que asegure información accesible, campañas  claras y una participación consciente genuina. Por otro lado, el peligro es que este  experimento acabe por deslegitimar aún más a las instituciones que, de manera  irónica, se buscaba robustecer.