RESULTADOS DE LA ELECCIÓN JUDICIAL 2025 CON PERSPECTIVA CIUDADANA

La elección judicial celebrada en México en 2025 marca un parteaguas en la relación entre ciudadanía, poder judicial y democracia. Este proceso, inédito en su alcance, ha generado un intenso debate público sobre la idoneidad de elegir mediante voto popular a quienes integrarán órganos clave del sistema judicial, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otras instancias federales.

Los resultados preliminares, dados a conocer el pasado 2 de junio, revelan una participación ciudadana de entre 12.57% y 13.32% del padrón electoral, el nivel más bajo registrado en una elección federal en tres décadas. Este dato, más que un número, representa una alerta democrática: evidencia la lejanía entre la ciudadanía y el sistema judicial, así como la falta de mecanismos eficaces de información y pedagogía jurídica que acerquen a las personas a decisiones de esta magnitud.

Aunque se presentaba como un ejercicio democratizador, el proceso fue percibido por amplios sectores como complejo, politizado y carente de claridad en los perfiles. La baja participación refleja no una apatía generalizada, sino un problema estructural de desconfianza institucional y desconocimiento del impacto que estas figuras tienen en la vida cotidiana de las y los ciudadanos.

El triunfo de perfiles afines al partido en el poder ha sido uno de los temas más comentados. Aunque el proceso fue formalmente abierto, se evidenció una fuerte carga de propaganda, recursos y posicionamientos previos por parte de algunos aspirantes, generando cuestionamientos sobre la autonomía judicial. La ciudadanía, por su parte, expresó una mezcla de esperanza y escepticismo: si bien valoró la oportunidad de incidir directamente en la conformación del Poder Judicial, también manifestó preocupación ante la posibilidad de que esta elección refuerce la politización del mismo.

En este contexto, el papel de la sociedad civil, de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la academia será fundamental para monitorear los perfiles electos, exigir transparencia en sus decisiones y promover una cultura jurídica ciudadana. La elección no debe entenderse como el final del camino, sino como el inicio de una nueva etapa en la cual las y los mexicanos tienen el reto de asumir un rol más activo en la defensa de la justicia.

Analizar los resultados bajo una perspectiva ciudadana implica preguntarnos no solo quién ganó, sino qué tipo de justicia estamos construyendo. La verdadera transformación institucional no depende únicamente del mecanismo de elección, sino del compromiso ético y técnico de quienes ocupan los cargos, así como de la vigilancia permanente por parte de la sociedad.

La elección judicial 2025 es, en suma, un experimento democrático en curso. Su éxito o fracaso dependerá no solo de las autoridades electas, sino del involucramiento informado y constante de la ciudadanía. En tiempos donde la legitimidad de las instituciones se encuentra en disputa, este proceso nos recuerda que la democracia no es un acto, sino una práctica diaria de participación, vigilancia y exigencia.