¿JUECES EN CAMPAÑA? LA PROPUESTA QUE PODRÍA CAMBIAR LA JUSTICIA EN MÉXICO

La reforma no sólo redefine cómo se eligen los jueces, plantea un reto a largo plazo para la democracia. Aunque se pretende aumentar la legitimidad y la representación del Poder Judicial, los riesgos de politización, manipulación y la posible pérdida de la independencia de los jueces podrían socavar los principios fundamentales que sustentan un Estado de Derecho.

La justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho y es objeto de debate en México porque en 2024, se aprobó una reforma constitucional que busca cambiar el sistema judicial del país, reforma, implementada en las elecciones del 1 de junio de 2025, propone la elección de los jueces y magistrados a través del voto popular, medida que ha generado tanto esperanza como preocupación en la sociedad mexicana.

LA REFORMA JUDICIAL: UN ANÁLISIS DEL CONTEXTO HISTÓRICO

Analicemos para comprender la magnitud de esta reforma, entendamos cómo se ha estructurado históricamente el sistema judicial mexicano porque desde los primeros momentos de la República, el Poder Judicial ha sido considerado imparcial y autónomo, aunque, en la práctica, su independencia ha sido frecuentemente cuestionada. En la Constitución de 1824, el sistema judicial fue diseñado para operar de manera autónoma del Ejecutivo y del Legislativo, idea consolidada en las reformas de 1857 y 1917. Sin embargo, el control del Ejecutivo sobre la designación de jueces y magistrados ha sido una constante en la historia reciente, limitando la independencia judicial.

A lo largo del siglo XX y hasta el presente, las reformas constitucionales y legales han buscado mejorar el sistema judicial, asegurando que los jueces sean seleccionados con base en méritos y que su actuación sea libre de influencias externas pero la percepción de que el Poder Judicial no responde directamente a la voluntad popular ha persistido.

La propuesta de reforma aprobada en 2024 busca cambiar la forma en que se eligen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  y los jueces federales dicha reforma establece que,  serán elegidos por voto popular en las elecciones. 

LOS RIESGOS Y DESAFÍOS DE LA REFORMA

A pesar de los objetivos democráticos que plantea la reforma, se ha señalado preocupaciones significativas sobre sus posibles efectos adversos. Uno de los principales temores es el riesgo de politización del Poder Judicial porque los jueces, al depender de votos para llegar a sus cargos o para ser reelegidos, podrían verse presionados por intereses partidistas y grupos de poder, lo que comprometería su imparcialidad y objetividad.

Por otro lado, la independencia judicial, la clave para garantizar que las decisiones se basen en el derecho y no en popularidad, se encuentra en peligro y los jueces podrían sentirse inclinados a emitir sentencias que favorezcan a ciertos sectores de la sociedad para asegurar su permanencia en el cargo, en lugar de actuar de acuerdo con la Constitución y los principios fundamentales del Derecho.

Otro desafío es la falta de conocimiento especializado entre la población sobre los candidatos a cargos judiciales y podría llevar a una elección basada en factores como la fama o el marketing, en lugar de en la capacidad jurídica.

La idea de elegir a los jueces por voto popular no es nueva. En Estados Unidos, los jueces son electos en varios estados, lo que ha generado debates sobre su impacto en la independencia judicial. En Bolivia, la elección nacional de magistrados se implementó en 2011, algunos consideran que ha acercado la justicia a la ciudadanía, otros argumentan que ha generado mayor polarización política.

En México, la reforma se ha inspirado en estos modelos internacionales, pero las diferencias culturales, sociales y políticas del país podrían generar resultados muy distintos.

La ciudadanía deberá estar bien informada sobre las implicaciones de este cambio, y los expertos en derecho y justicia tendrán que seguir vigilantes, proponiendo mecanismos que fortalezcan la transparencia y la objetividad en el sistema judicial mexicano.