ENTRE EL TEPJF Y EL INE: LA BATALLA POR COMUNICAR UNA ELECCIÓN INCOMPRENDIDA

El pasado miércoles 9 de abril de 2025, el senador Gerardo Fernández Noroña, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Senado, anunció una resolución clave del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esta permite que todos los niveles de gobierno, así como cualquier servidor público, puedan promover la elección judicial extraordinaria, siempre y cuando no se incurra en propaganda personalizada. La decisión, resultado de una impugnación promovida por el Senado, invalida las restricciones previamente impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), que limitaban la promoción institucional de este proceso inédito en la historia democrática del país. 

Desde un punto de vista legislativo, este fallo constituye un precedente significativo.  Por un lado, se reconoce la naturaleza única de esta decisión, y por otro, se facilita una mayor implicación de actores institucionales en su propagación.  No obstante, también genera dudas respecto a las fronteras entre la promoción legítima y la intervención con propósitos políticos.  ¿Dónde termina la información y comienza la propaganda?

Aparte del conflicto entre el TEPJF y el INE, la verdad es que esta elección judicial representa un gran reto democrático: es la primera ocasión en que en México se realiza un proceso electoral de esta naturaleza, y tanto ciudadanos como candidatos están explorando un territorio totalmente inexplorado.

Desde mi perspectiva, uno de los desafíos más significativos de esta elección no es meramente legal o técnico, sino también de carácter comunicativo.  Hasta ahora, lo que se ha observado en relación a las campañas de los candidatos a puestos en el Poder Judicial es restringido y poco definido.  Existe una notable carencia en la manera en que los candidatos transmiten sus propuestas, perfiles y principios.  Se detectan campañas débiles, que no consiguen vincularse con el electorado ni comunicar de manera clara la importancia de su papel.

Esto resulta alarmante, dado que la elección judicial independientemente de su novedad conlleva la selección de individuos encargados de administrar la justicia en un país donde el sistema judicial se enfrenta a problemas de opacidad, corrupción y ausencia de legitimidad.  Es elevado el peligro de que los ciudadanos voten sin un entendimiento total de quiénes son los aspirantes y sus propuestas.  Sin embargo, lo más grave es que una amplia porción de los votantes simplemente no se involucre debido a desconocimiento o indiferencia.

En este contexto, la resolución del TEPJF también puede considerarse una oportunidad: al facilitar la conversación entre instituciones y funcionarios acerca del asunto, se posibilita una pedagogía democrática más amplia.  Sin embargo, esta debe realizarse con responsabilidad.  No se trata de hacer campaña por un candidato en particular, sino de comunicar, aclarar y poner en contexto.  Ahora es responsabilidad de las autoridades guiar a los ciudadanos en un proceso que demanda entendimiento, reflexión y participación consciente.

La elección judicial no puede reducirse a un simple ejercicio de voto. Requiere una transformación cultural, donde la ciudadanía se apropie de su derecho a decidir quién juzga, pero también comprenda las implicaciones de ese poder. Solo así, este nuevo capítulo en la democracia mexicana dejará de ser una novedad y comenzará a consolidarse como un ejercicio real de justicia ciudadana.