LA PERPETUA IMPUNIDAD: LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO

Las desapariciones forzadas en México han sido un mal que lleva años dentro de nuestra sociedad, se comienza a hablar de este desde Tlatelolco en el 68, pero es desde el 2006 con el ex presidente Felipe Calderón que podemos percibirlo de una manera más cercana con la Guerra contra el Narco, para 2014 los ojos del mundo voltearon a México con la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, y es cuando México se vuelve objeto de vigilancia por el Comité contra las Desapariciones Forzadas. 

Dicho Comité emite recomendaciones fundadas bajo una investigación de campo, visitando a los colectivos de madres buscadoras, pero también entablando conversaciones con los diferentes niveles de gobierno; la falta de acción de nuestros gobiernos para reducir esta problemática en el país ha sido un foco rojo para el Comité contra las Desapariciones Forzadas, es por ello que mediante el uso de sus facultades se considera que se debe de llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la cual México es miembro. 

Dicho artículo habla, a grandes rasgos, que si se recibe información fundamentada sobre actos de desaparición forzada de manera generalizada o sistemática por parte de un Estado participe dentro de la Convención, el caso se debe de llevar en carácter urgente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El pasado 04 de abril el Comité contra las Desapariciones Forzadas solicitó al Estado Mexicano información detallada sobre la situación de las desapariciones en el país, la respuesta que se brindó fue un rechazo ante la activación del procedimiento del artículo 34, y una declaración por parte de la presidenta Sheibaum asegurando que no existen desapariciones forzadas por parte del Estado. 

Pero los datos nos cuentan otra realidad, en nuestro país se estima que existen alrededor de 127,000 personas desaparecidas, aproximadamente 6,000 fosas clandestinas y más de 70,000 cuerpos sin identificar. Las familias de las víctimas, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, las organizaciones nacionales e internacionales y personas aliadas son las que han luchado todos los días y durante años, en contra de un Estado indolente que ante su falta de acción perpetúan la impunidad en el país. El Estado Mexicano desde 2006 a la fecha, ha permitido la perpetuación de este tipo de crímenes con la militarización del país, poniéndose a la defensiva cuando los organismos internacionales realizan informes con observaciones para poder salir de esta crisis de desaparición.

Tenemos que recordar que  los desaparecidos no son daños colaterales como lo mencionó el ex-presidente Felipe Calderón, que reunirse con madres buscadoras no es “politiquería” como lo señaló el ex-presidente Andres Manuel Lopéz Obrador, o que las acciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas no son un ataque al gobierno progresista de la presidenta Claudia Sheinbaum como lo señaló Luisa Alcalde recientemente.

Ante esta crisis solamente la sociedad civil organizada es la que ha proporcionado datos, testimonios e informes detallados que respaldan que las desapariciones en México son sistemáticas y generalizadas, la sociedad civil ha sido clave para posicionar la atención de los organismos internacionales en esta crisis que lleva años en nuestro país. 

El Estado Mexicano no se juzga a sí mismo, y es por eso  se necesita con urgencia el involucramiento internacional, y el de la sociedad civil, para poder dejar de ocultar lo que en verdad sucede dentro de nuestro país.