REFORMAS LEGISLATIVAS: UNA ESPERANZA PARA LA SEGURIDAD Y LA VERDAD

INTRODUCCIÓN

México atraviesa una crisis humanitaria silenciosa pero persistente: miles de personas desaparecidas, instituciones debilitadas y una inseguridad que permea todos los rincones del país. Frente a este escenario, la respuesta legislativa ha sido intermitente y, en muchos casos, insuficiente. No obstante, recientes iniciativas buscan abrir un nuevo capítulo en la forma en que el Estado asume su responsabilidad en temas de seguridad y desaparición de personas tratando se responder la siguiente interrogante: ¿Estamos listos para una reforma que devuelva la esperanza a las víctimas y fortalezca el Estado de Derecho?

SEGURIDAD CIUDADANA: MÁS ALLÁ DEL DISCURSO PUNITIVO

Durante décadas, las políticas de seguridad en México se han centrado en el uso de la fuerza, dejando de lado un enfoque integral que prioriza la prevención, la justicia social y el respeto a los derechos humanos. Las reformas legislativas recientes pretenden romper con esta lógica tradicional, buscando profesionalizar a las policías locales, garantizar la rendición de cuentas de las fuerzas armadas y establecer controles civiles sobre el uso de la fuerza.

La creación de marcos normativos que obligan a los cuerpos de seguridad a respetar protocolos de actuación con perspectiva de Derechos Humanos es un paso indispensable para evitar violaciones sistemáticas. Iniciativas como la Ley General del Uso de la Fuerza y ​​la discusión sobre el retiro progresivo de las fuerzas armadas de tareas civiles muestran que el debate legislativo puede y debe orientar un nuevo paradigma de seguridad.

PERSONAS DESAPARECIDAS: DEL SILENCIO A LA ACCIÓN LEGISLATIVA

El problema de las personas desaparecidas no es nuevo, pero sí creciente. Las cifras superan las 100 mil personas desaparecidas registradas, y aún así, los mecanismos de búsqueda y justicia continúan siendo frágiles. Ante esta realidad, el Congreso ha iniciado la revisión de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, proponiendo ajustes que garanticen una mayor coordinación entre niveles de gobierno, así como recursos adecuados para las comisiones de búsqueda.

Uno de los puntos más discutidos ha sido la necesidad de crear un banco nacional de datos genéticos con una lógica de acceso ágil, transparente y con enfoque humanitario. Además, las reformas propuestas incluyen como obligación del Estado la reparación integral del daño y la protección a las familias de personas desaparecidas, reconociendo el papel que ellas han jugado en la búsqueda de justicia.

EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN

Tal como ocurre en otros ámbitos democráticos, las reformas legales no pueden tener impacto real sin la vigilancia activa de la sociedad civil. Organismos como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos y distintas redes de colectivos han demostrado que la participación social es esencial para presionar, proponer y monitorear el cumplimiento de la ley.

Asimismo, es indispensable fortalecer organismos autónomos como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que han visto reducido su presupuesto o su influencia en años recientes. La transparencia, la voluntad política y la participación ciudadana son tres pilares que deben acompañar todo el proceso de reforma para garantizar su legitimidad y eficacia.

CONCLUSIÓN

Reformar el marco legal en materia de seguridad y personas desaparecidas es un paso necesario para atender una deuda histórica con millas de familias mexicanas. Sin embargo, la ley por sí sola no basta: se requiere voluntad, recursos, instituciones sólidas y una ciudadanía informada y comprometida.

México necesita un nuevo pacto social basado en la justicia, la verdad y la memoria. No podemos permitir que la indiferencia sea la norma. Reflexiona, involucrate y actúa. Porque cada voz cuenta, y cada reforma debe tener rostro, historia y humanidad.