ELECCIÓN POPULAR DEL PODER JUDICIAL

En junio de 2025, México se prepara para un proceso electoral inédito: la elección por voto popular de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma, impulsada por el gobierno federal, busca acercar la justicia al pueblo y combatir la corrupción. Sin embargo, plantea interrogantes sobre la independencia judicial y la politización de la justicia.

La reforma judicial de 2024 propone la elección directa de más de 800 cargos judiciales, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales y jueces de distrito. El objetivo es fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial y hacerlo más accesible a la ciudadanía.

Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte y actual asesor presidencial, argumenta que esta medida es necesaria debido a la incapacidad del Poder Judicial para reformarse internamente.

La elección popular de jueces plantea preocupaciones sobre la independencia judicial. Organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados y el Rule of Law Impact Lab han señalado que esta reforma podría contravenir las obligaciones internacionales de México y representar una amenaza para el Estado de Derecho.

La posibilidad de que jueces y magistrados dependan de campañas electorales y del apoyo popular podría comprometer su imparcialidad y someterlos a presiones políticas y sociales.

El éxito de esta reforma depende en gran medida de la participación ciudadana informada. Sin embargo, la complejidad del proceso y la falta de información clara pueden dificultar la toma de decisiones por parte del electorado.

Además, la reciente decisión del Tribunal Electoral de permitir que servidores públicos promocionen la elección judicial ha generado controversia, ya que podría influir en la equidad del proceso.

La reforma judicial en México representa un esfuerzo por democratizar el sistema de justicia y acercarlo a la ciudadanía. No obstante, es fundamental garantizar que esta transformación no comprometa la independencia judicial ni la imparcialidad de los jueces. La participación informada y crítica de la sociedad será clave para asegurar que esta reforma fortalezca, y no debilite, el Estado de Derecho en México.