DEMOCRACIA SIMULADA: LA ELECCIÓN DE JUECES EN MÉXICO Y EL OCASO DE LA JUSTICIA

La democracia no es un espectáculo, ni la justicia un trofeo a repartir entre partidos. Sin embargo, la reciente reforma constitucional impulsada por la mayoría oficialista en Morena ha abierto la caja de Pandora: ahora, los jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán someterse al juicio de las urnas. El pretexto es noble —más democracia, más transparencia—, pero la realidad es sombría: estamos a punto de sustituir el principio de imparcialidad por el de popularidad, el rigor técnico por el ruido de TikTok, y la toga por la propaganda.

¿QUIÉNES COMPETIRÁN? UNA CIFRA ABSURDA

La reforma es, en términos prácticos, inviable. Más de 3,400 aspirantes —entre ellos quienes buscan ser ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de Circuito y jueces de Distrito— deberán hacer campaña para ocupar un cargo cuya naturaleza exige neutralidad, discreción, profesionalismo y un compromiso ético profundo con la Constitución.

¿Alguien realmente cree que un juez, cuya función es resolver conflictos conforme a derecho, puede hacerlo adecuadamente si antes tuvo que ganarse el voto de ciudadanos sin formación jurídica, convencer a simpatizantes, ir a mítines, y probablemente hacer alianzas políticas para llegar al cargo? Esto no es justicia. Es un circo electoral.

UNA CAMPAÑA CON GRILLETES... ¿PARA QUÉ?

El Instituto Nacional Electoral, consciente de la aberración que significa electoralizar el Poder Judicial, ha impuesto límites absurdamente insuficientes: las campañas se limitarán al volanteo en vía pública con papel biodegradable, el uso de redes sociales sin publicidad pagada, y la asistencia a debates, siempre que estén presentes todos los contendientes a un mismo cargo. ¿Debates con más de 100 aspirantes por plaza? ¿Quién va a leer tres mil perfiles judiciales? Esta es una simulación electoral que, lejos de informar, desinforma y confunde.

JUSTICIA SECUESTRADA POR LA POLÍTICA

Más allá de la logística imposible, el peligro estructural de esta reforma radica en que la elección de jueces rompe con uno de los pilares fundamentales de la democracia constitucional: la división de poderes y la independencia judicial.

Un juez tiene que estar abierto a los argumentos que se le presenten por las partes en un litigio y resolver a partir de un análisis de los mismos. Esto resulta imposible cuando, para poder llegar al cargo, está obligado a expresar su respaldo a ciertos grupos e intereses y, por lo tanto, prejuzgar. Así de grave es.

MÉXICO NO ES ESTADOS UNIDOS (NI DEBERÍA SERLO)

Quienes defienden la elección de jueces suelen citar el modelo de Estados Unidos. Pero omiten detalles fundamentales: allá se eligen jueces locales, no federales. Los nombramientos en cortes supremas o federales son realizados por el Presidente con aval del Senado, y no mediante voto directo. Además, en EE.UU. existen instituciones sólidas, contrapesos reales y un sistema político de larga data que limita los abusos. México, en cambio, carece de las condiciones institucionales, educativas y culturales para permitir una elección judicial sin que esta sea cooptada por el poder político o por intereses oscuros.

DESPROFESIONALIZACIÓN JUDICIAL

¿De qué sirve estudiar 10, 15, o 20 años para ascender en la carrera judicial si ahora el criterio para acceder a una magistratura será quién grite más fuerte en TikTok o quién tenga más seguidores en Instagram? Esta reforma anula la lógica meritocrática del sistema judicial y abre la puerta al oportunismo, al populismo judicial y a la compra de conciencias, tanto por parte de partidos como de poderes fácticos.

UNA JUSTICIA A MODO, NO IMPARCIAL

La elección de jueces busca crear un Poder Judicial “a modo”, funcional a los intereses del poder presidencial, incapaz de actuar con autonomía frente a las reformas, políticas y abusos del Ejecutivo. Morena no quiere más justicia: quiere más obediencia. Y eso no es democracia, es control político disfrazado de consulta popular.

CONCLUSIÓN: ¡ALCEMOS LA VOZ ANTES DE QUE SEA TARDE!

La justicia no puede depender del voto popular. No se elige a quien debe juzgar con imparcialidad como si fuera un influencer. La justicia no se vota, se garantiza. Si permitimos que el sistema de justicia sea transformado en un campo de batalla electoral, entonces nadie estará a salvo de la persecución política, de la manipulación del debido proceso o de la sentencia dictada desde Palacio Nacional.

Como politólogo, como ciudadano y como mexicano, hago un llamado firme: no nos dejemos engañar por esta pantomima democrática. La verdadera justicia no se negocia, no se condiciona, no se populariza. Se protege, se respeta y se defiende.

Si aún creemos en un país de leyes, debemos revertir esta infame reforma. Si aún creemos en la libertad, debemos alzar la voz contra este experimento autoritario. Y si aún creemos en la justicia, entonces es hora de decir con claridad: ¡los jueces no se eligen, se preparan!