DEMOCRACIA MAL ENTENDIDA: CUANDO LA JUSTICIA SE CONVIERTE EN ESPECTÁCULO

La reciente propuesta de elegir por voto popular a los integrantes del Poder Judicial en México ha abierto una caja de Pandora en el debate público. En medio del fervor democrático y el discurso de que 'el pueblo debe decidir todo', se han comenzado a perfilar campañas judiciales que, más que fortalecer el Estado de Derecho, lo ponen en entredicho. No se trata de una crítica a la participación ciudadana, sino a la banalización de una institución que, por su naturaleza, requiere técnica, independencia y sobriedad.

Imaginemos por un momento a jueces y magistrados haciendo giras, participando en debates, contratando publicistas, diseñando eslóganes y prometiendo 'mano dura contra el crimen' o 'sentencias populares'. Esto no es una escena de una serie distópica; es el escenario que plantea la elección judicial por campañas. La justicia se transforma así en un concurso de popularidad, en donde la imparcialidad cede terreno frente a la estrategia electoral.

Entre los supuestos beneficios de esta propuesta se encuentra la democratización del Poder Judicial, la rendición de cuentas directa ante el pueblo y el fin del elitismo jurídico. Es cierto que la opacidad, la falta de contacto con la ciudadanía y casos de corrupción han erosionado la confianza en los tribunales. Sin embargo, la solución no puede ser someter la justicia a las mismas reglas del juego político que tanto se critica.

El modelo de campañas judiciales plantea profundas contradicciones. ¿Cómo garantizar la imparcialidad de un juez que debe complacer a las mayorías para obtener votos? ¿Qué pasará con las resoluciones impopulares pero necesarias? ¿Quién financiará las campañas y qué intereses representarán quienes las patrocinen? Estas interrogantes no han sido respondidas de forma seria por quienes promueven esta reforma.

La justicia, por definición, no puede estar sujeta al vaivén de la popularidad. Su función es proteger derechos, garantizar equilibrios y resolver conflictos con base en la ley, no en la emoción del momento ni en las encuestas. Convertir a los jueces en candidatos abre la puerta a la politización extrema, a la captura del Poder Judicial por fuerzas partidistas y a la pérdida de credibilidad en la imparcialidad de sus decisiones.

Más allá del discurso oficial, estas campañas parecen formar parte de una estrategia más amplia: debilitar a los contrapesos institucionales y consolidar el control político sobre todos los órganos del Estado. En lugar de avanzar hacia un sistema judicial más autónomo, técnico y eficiente, nos dirigimos hacia un espectáculo mediático donde las togas se cambian por pancartas y jingles.

Es necesario reconocer que el Poder Judicial requiere cambios profundos. No se trata de defender el status quo, sino de plantear una reforma seria, integral y orientada al fortalecimiento institucional. La transparencia, la evaluación de desempeño, la capacitación constante y la vigilancia ciudadana deben ser el eje, no las campañas populistas que convierten la justicia en una caricatura.

En conclusión, las campañas al Poder Judicial representan una peligrosa confusión entre participación ciudadana y espectáculo electoral. La justicia no se promueve con mítines ni se garantiza con aplausos. Se construye con técnica, independencia y responsabilidad. Llevar la elección de jueces al terreno de las campañas es, en el fondo, renunciar a la idea de un sistema judicial serio. Y eso, como sociedad, no nos lo podemos permitir.