CURP BIOMÉTRICA Y LLAVE MX: ¿MODERNIZACIÓN O MAQUINARIA DE VIGILANCIA ESTATAL?

El miércoles pasado, con 63 votos a favor y 36 en contra, el Senado de la República aprobó la llamada Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. A simple vista, esta iniciativa —impulsada por legisladores de Morena, PT y el Partido Verde — parecería un avance necesario: menos papeles, más eficiencia, digitalización de servicios públicos. Sin embargo, tras la envoltura de lo "moderno" y "funcional", se esconde un proyecto profundamente problemático que podría convertirse en uno de los mayores retrocesos en materia de derechos ciudadanos en las últimas décadas.

El corazón de esta ley es la CURP biométrica, un nuevo documento obligatorio que pretende reemplazar a la actual Clave Única de Registro de Población. Este documento no solo contendrá nombre y fecha de nacimiento, sino también datos biométricos como huellas dactilares, escaneo de iris, firma electrónica y fotografía facial digital. Esto, de por sí, representa una centralización descomunal de información extremadamente sensible. Y no es opcional: será condición indispensable para acceder a cualquier trámite público o privado en México.

A ello se suma la Llave MX, una identidad digital universal que pretende unificar accesos a plataformas gubernamentales, desde la solicitud de una constancia escolar hasta trámites fiscales. En teoría, esta llave evitaría múltiples contraseñas o documentos. En la práctica, esta "unificación" abre la puerta a una vulnerabilidad total: si se ve comprometida, toda la identidad del ciudadano está en juego.

¿Dónde queda la autodeterminación informativa? ¿Qué garantías reales hay contra abusos de poder, filtraciones, hackeos o usos políticos de estos datos? A pesar de que los funcionarios repiten que se hará “con responsabilidad”, lo cierto es que no existen mecanismos sólidos de control ciudadano sobre el uso de esta información, ni órganos verdaderamente autónomos que regulen este sistema. ¿Queremos un Estado más ágil, o uno más intrusivo?

Además, este modelo no considera la profunda brecha digital: más del 25% de la población no tiene acceso regular a internet ni sabe cómo manejar estos sistemas. Las personas mayores, indígenas, rurales o con bajos recursos estarán aún más marginadas del acceso a servicios básicos. Es una reforma que castiga al más vulnerable bajo la excusa de modernizar.

Y lo más grave: al centralizar toda la información biométrica y hacerla obligatoria, el Estado gana un poder sin precedentes para vigilar, condicionar y, en el peor de los casos, controlar a los ciudadanos. Este tipo de leyes ya han demostrado ser altamente peligrosas en contextos autoritarios: basta un clic para negar el acceso a servicios, congelar cuentas o invisibilizar a una persona. El derecho a la privacidad, lejos de fortalecerse, se ve reducido a una ilusión retórica.

No nos engañemos: esta no es una ley sobre “ahorrar tiempo”, es una arquitectura estatal de control. La CURP biométrica y la Llave MX no representan el futuro digital que necesitamos, sino el riesgo de construir un régimen donde el ciudadano ya no tiene nombre, sino código; ya no tiene derechos, sino permisos condicionados. Como politólogo, como ciudadano y como defensor de las libertades civiles, no puedo callar ante este avance del autoritarismo digital.

Porque cuando el Estado se vuelve dueño de tu identidad, se vuelve dueño de tu libertad.

No dejemos que la eficiencia sea la excusa para la vigilancia. Hoy, más que nunca, debemos alzar la voz contra esta peligrosa ilusión de progreso.