LA NUEVA LOTERÍA DEL PODER JUDICIAL

Por primera vez en la historia del país, se llevó a cabo un proceso de elección judicial nacional, mediante el cual la ciudadanía votó de forma directa para elegir a más de 2,600 cargos del Poder Judicial, incluyendo a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como magistrados y jueces federales y estatales.

Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo transformar profundamente la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de polémica. La baja participación ciudadana y la anulación de más de 22 millones de votos, una cifra superior al total de votos válidos para los candidatos ganadores, revelan una profunda desconfianza y desinterés de la ciudadanía hacia esta nueva modalidad electoral. En efecto, el 87% del padrón electoral no participó, lo cual podría atribuirse a la falta de información, apatía o desacuerdo con el proceso.

Esto plantea una pregunta clave: ¿cómo es posible hablar de legitimidad democrática cuando la gran mayoría de la población no participó? Incluso si los votos a favor fueron válidos, el contexto evidencia que muchos ciudadanos no estaban adecuadamente informados o simplemente no aceptaron el proceso.

Además, el hecho de que el partido Morena —junto con sus aliados— controle actualmente los tres poderes de la Unión, ha generado preocupación sobre una posible falta de independencia judicial y el riesgo de mayor corrupción institucional.

A pesar de ello, el INE continuará con el conteo oficial de los votos y se espera que, el 15 de junio de 2025, se declare la validez de los resultados y se entreguen las constancias de mayoría a los candidatos electos.

No obstante, aunque el procedimiento se haya llevado a cabo dentro del marco legal, su legitimidad democrática es débil, marcada por el rechazo social y la falta de información clara, lo cual contraviene los principios fundamentales de una democracia sólida y participativa.

El próximo 1 de septiembre de 2025, está previsto que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomen protesta oficialmente e inicien sus funciones. Ese momento será clave para observar si estos nuevos funcionarios judiciales actúan con independencia o si responden a los intereses del Poder Ejecutivo.

La verdadera prueba será si estos jueces están dispuestos a fallar en contra del poder cuando sea necesario. Esta vigilancia no debe verse como desconfianza injustificada, sino como un ejercicio de responsabilidad democrática.

No se trata de afirmar que México se ha convertido en otro país con régimen autoritario, como Venezuela. Pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de ignorar las señales de alerta. La historia nos enseña que la concentración del poder no siempre llega con estruendo, sino en silencio, disfrazada de normalidad.

Por eso, como ciudadanía, no podemos ser simples espectadores. Debemos ser vigilantes, críticos y activos. Hay que vigilar, exigir y denunciar, porque sin jueces independientes, no hay justicia. Y sin justicia, la democracia es solo una fachada vacía.