¿CENSURA EN MÉXICO?
- Camila Tepox Leonor
- 7 jul
- 2 Min. de lectura

“No estoy de acuerdo con lo que dices pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo.”
Esta frase de Voltaire es una de las más recordadas en torno a la libre expresión. Hace unos días se aprobó en lo general la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión.
Sabemos que el derecho a la libertad de expresión ha tenido un largo trayecto incluidos los años de lucha, triunfos y decepciones.
Si damos un vistazo hacia nuestra historia podemos recordar las maneras en las que se violaba la libre expresión: desde las manifestaciones, protestas y movimientos sociales hasta en los medios actuales de telecomunicación, periodistas y ahora en las redes sociales.
No es la primera vez que se aprueba una ley sin el verdadero análisis concreto que se merece realmente para que una iniciativa tenga carácter de ley. Lo cual resulta un problema grave y de urgente asistencia.
Me quiero referir en esta ocasión a una de las leyes aprobadas en mi estado Puebla por parte del gobernador Alejandro Armenta, en torno al artículo 420 del Código Penal del Estado de Puebla sobre el ciberasedio, lamentablemente cada vez aumenta el número de fallas notables, una de ellas es la falta de redacción clara
Desde el año 2011 el estado de Puebla en su Código Penal eliminó el delito de calumnia y difamación.
Esto es en suma algo grave y tristemente una regresión de la lucha mundial y nacional por alcanzar la libre expresión y manifestación de las ideas ya que puede resultar que un periodista que brinda al público una nota clara, real y con pruebas si en algún momento alguien se siente difamado, sería considerado un delito.
Desde que se publicó la iniciativa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó y obligó al Congreso y a las autoridades de Puebla a verificar el artículo ya que la falta de claridad en la redacción puede prestarse a restricciones indebidas a la libertad de expresión.
En cuanto al asunto de la reciente reforma a la ley de telecomunicaciones me parece inaceptable que el gobierno lleve a cabo actos de espionaje en las comunicaciones entre particulares, aunque una excepción podría ser cuando se trate para cooperar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
Ahora el hecho de que exista Agencia de Transformación Digital y de telecomunicaciones que sustituya al Instituto Federal de Telecomunicaciones da paso a que el poder público tenga control sobre todos los medios comunicación, los datos.
Esta es la libertad de expresión actual, donde no existen leyes concretas, bien redactadas que permitan no sólo al legislador y demás instituciones interpretarlas sino principalmente para todos los ciudadanos que esperan conocer el fondo y el objeto de la ley.
Los años de lucha no han sido en vano, ahora corresponde de nuestra parte y también de cada legislador en analizar, crear y aplicar de manera correcta la ley para que no se preste a malos entendidos.
Una manera de honrar la memoria de todos aquellos que lucharon por nuestros derechos actuales es ir en progreso, en generar una apertura a las opiniones, puntos de vista.
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