AVANCES TECNOLÓGICOS, RETROCESOS DEMOCRÁTICOS

Una mirada crítica sobre cómo una ley que busca modernizar el sector tecnológico podría limitar nuestros derechos más esenciales.

La propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones en México ha generado un amplio debate en diversos sectores de la sociedad. A pesar de que su objetivo principal es actualizar el marco normativo para responder a los desafíos del entorno digital, mismo que ha crecido enormemente, múltiples voces han expresado incertidumbre sobre los posibles riesgos que representa para la libertad de expresión y la protección de los datos personales.

Me gustaría abordar uno de los puntos más polémicos de la reforma, aquel que radica en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para bloquear contenidos o plataformas digitales sin requerir de una orden judicial previa. Esta disposición además de haber despertado dudas, ha generado grandes temores sobre la implementación de mecanismos de censura. ¿Dónde queda la libertad de expresión y hasta qué punto se convierte en ofensa? Esta es solo una de las muchas preguntas que nos hacemos algunos mexicanos, preguntas que resultan inquietantes, como: ¿Quién decidirá qué contenidos deben ser eliminados?, ¿Qué criterios determinarán la legalidad o ilegalidad del contenido digital?, ¿Ahora existe la censura?¡ Estas preocupaciones reflejan un riesgo latente para los derechos fundamentales vinculados a la libertad de expresión en el ámbito digital.

Además de esto, otro aspecto central de la reforma es la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil. Esta medida ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales, quienes nos advierten sobre la fragilidad de los mecanismos de protección de datos personales en México. No debemos olvidar, que en un contexto global donde la privacidad es un derecho que cada vez se ve más como un privilegio, resulta indispensable crear reglas claras y transparentes para manejar, almacenar y utilizar los datos personales, ya que esto ayudará a proteger la privacidad de las personas y a generar la confianza que ahora se está perdiendo. 

Frente a estas inquietudes, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado la “necesidad” de revisar y debatir ampliamente el contenido de la reforma antes de su aprobación definitiva. Me parece que este llamado a la deliberación representa una oportunidad para enriquecer el proceso legislativo con la participación de expertos y ciudadanos. Sin embargo, este ejercicio democrático sólo será efectivo y beneficiará a la población, si se abordan con profundidad las preocupaciones planteadas y se corrigen los posibles excesos contenidos en la reforma.

La reforma a la Ley de Telecomunicaciones representa un desafío complejo que demanda una reflexión seria, transparente y participativa para todos los ciudadanos. Es indispensable garantizar que los avances tecnológicos y regulatorios no vulneren los derechos de los ciudadanos, mismos que históricamente se han luchado por conservar. La legislación debe proteger la libertad de expresión, la privacidad y el acceso igualitario a la información; no buscar la prohibición, censura y dilemas conflictivos. 

¿Qué futuro queremos para México, uno donde la tecnología impulse la libertad y el progreso, o uno donde la censura sea la norma?