RIESGOS POLÍTICOS EN MÉXICO: EL PULSO DEL PAÍS EN UN AÑO DE DEFINICIONES

México inicia el 2026 en medio de una encrucijada política: internamente se gesta una transformación institucional que genera tanto expectativas como incertidumbre ante el nuevo panorama de la cosa pública. Esta reconfiguración no siempre se manifiesta de forma inmediata o visible, pero puede tener consecuencias profundas en la democracia, los derechos ciudadanos, la confianza institucional y la vida cotidiana de las personas y va desde la forma en que nos comunicamos, hasta la seguridad de nuestro patrimonio.

En este año, los desafíos no solo provienen de la economía global o de las fronteras, sino de una serie de reformas y medidas gubernamentales que están reconfigurando la relación entre el Estado Mexicano y la ciudadanía. Entre los temas que generan mayor debate se encuentra el uso de datos personales y la forma en que el gobierno amplía sus capacidades de control.

Recientemente, el gobierno ha implementado la obligatoriedad de registrar todas las líneas telefónicas, vinculándolas a datos personales como la CURP, el INE y el RFC. El argumento oficial es el combate a la extorsión. Sin embargo, para el ciudadano promedio, esto representa un riesgo político y de ciberseguridad.

Al obligar a entregar el RFC y la identificación oficial para mantener una línea activa se crea una mina de oro para los ciberdelincuentes. La filtración de cualquiera de las bases de datos no solo expondría un número, sino la identidad financiera y legal completa de millones de mexicanos. Con acceso a la CURP y el INE vinculados a un número celular, los delincuentes pueden realizar trámites bancarios, solicitar créditos o suplantar identidades de manera mucho más efectiva.

El ciudadano se enfrenta a un dilema, o entrega sus datos más personales a un sistema que ya ha mostrado fallas técnicas en sus primeras semanas, o pierde su principal herramienta de trabajo, estudio, información y comunicación. Sin embargo, cuando las políticas de seguridad no están acompañadas de garantías sólidas para la protección de derechos, pueden convertirse en un riesgo político y social

Entre los riesgos perceptibles de frente a la escasa seguridad, emergen enfáticamente aquellos que se relacionan con las personas adultas mayores, para quienes la tecnología resulta un reto latente de supervivencia, así como para los niños y jóvenes que a manera de distracción utilizan videojuegos o bien, que se valen de plataformas educativas endebles para realizar sus deberes escolares, pero que hoy en día pueden servir para distintos fines.

El Poder Judicial y los órganos autónomos no han logrado concretar una sinergia efectiva para dirimir los conflictos alrededor de aquello que se percibe más como un control digital que como una medida articulada en contra del delito de extorsión.  Lo anterior se debe en parte a la intempestiva instauración de la reforma judicial que permite la elección de jueces por voto popular sin que haya existido una ponderación previa de las lagunas legales alrededor de la regulación de los entornos digitales y la IA, que en combinación con la absorción de los órganos autónomos (como el INAI), el ciudadano termina perdiendo certeza jurídica y con ello, el escudo de protección que le permitía exigir transparencia sobre cómo el gobierno resguarda, precisamente, esos datos personales que hoy nos obliga a entregar. Así pues, sin la presencia de un vigilante independiente o por lo menos congruente y con facultades vinculantes robustas, el riesgo de abuso de autoridad o mal manejo de información sensible aumenta exponencialmente.

Un país en el que se le toma mayor relevancia a la eliminación de órganos autónomos, pero sin regular los que aún posee en beneficio de la ciudadanía, pone en entredicho la confianza entre ciudadanía y gobierno. El claro ejemplo lo encabeza la Policía Cibernética, cuyos resultados son altamente cuestionables, lo mismo ocurre con el vínculo institucional que debe regir la operación de las empresas de telecomunicación, quienes hoy piden prórroga para redefinir la estrategia que en teoría prometía asegurarles importantes beneficios tales como la expansión del mercado, la creación de un marco de competencia más amplio con incentivos para inversión en infraestructura (descuentos en espectro), la simplificación de trámites para despliegue de redes y el impulso de la interconexión,  pero que en su momento, consideraron sencilla y por ello, junto con las huestes del poder, ejercieron presión traicionando a los ciudadanos al ser las únicos convocados para la edificación del decreto que habría de catapultar la reforma de telecomunicaciones.

De esta manera, en 2026, la seguridad en México ha dejado de ser únicamente un problema de orden público para convertirse en un factor crítico de riesgo operativo que incluye ahora el ciberespacio. El debate sobre el registro de teléfonos móviles no es solo técnico, se trata de una discusión de fondo sobre privacidad, potestades, derechos, confianza y límites del poder. En un contexto donde la tecnología avanza más rápido que las leyes y las capacidades institucionales, resulta indispensable que cualquier política pública priorice la protección de los ciudadanos y no los exponga a nuevos riesgos como fruto de la ocurrencia y la presión de la agenda global que también traspasa los linderos de las estrategias nacionales. Este es un llamado a la acción, a el reclamo y exigencia de la libre validación de los derechos humanos, y a la protesta por políticas más