DEMOCRACIA, PODER Y RIESGOS INSTITUCIONALES EN EL MÉXICO ACTUAL

INTRODUCCIÓN

Hablar de riesgos políticos en México no significa alarmarse, sino detenerse a mirar un sistema que, aunque formalmente democrático, enfrenta tensiones reales entre lo que la Constitución mexicana promete y lo que ocurre cada día. La ley existe, los derechos están escritos, las instituciones funcionan, pero no siempre como deberían.

La división de poderes suele presentarse como un pilar incuestionable. Ejecutivo, Legislativo y Judicial están delimitados, pero el riesgo no está en la estructura, sino en cómo se ejerce. Cuando el Ejecutivo concentra decisiones, el Legislativo deja de supervisar de manera efectiva y la independencia del Judicial se percibe débil, la división de poderes pierde fuerza real. El Presidente tiene facultades amplias para ejecutar leyes, dirigir la política exterior y preservar la seguridad nacional, pero cuando los controles se debilitan, la rendición de cuentas también. El riesgo político no es la existencia del poder, sino su ejercicio sin vigilancia suficiente.

La ciudadanía tiene derechos claros: votar, asociarse, participar en consultas populares y procesos de revocación de mandato. En teoría, su papel es central; en la práctica, la desigualdad histórica y estructural limita quién puede ejercerlos plenamente. Como señala Clara Jusidman, la desigualdad no solo es económica; se refleja en educación, oportunidades y acceso a información confiable. Luis Reygadas advierte que estas diferencias son producto de cómo se distribuye el poder en la sociedad. No es una falla ciudadana, sino un problema estructural.

La desinformación añade un riesgo político concreto. Las noticias falsas buscan confundir, deslegitimar procesos y erosionar la confianza en la democracia. Proyectos como PortalCheck Elecciones, impulsados con apoyo de la UNESCO, muestran cómo la información distorsionada puede afectar la percepción ciudadana y cuestionar la legitimidad de los resultados. La solución no es censurar ni criminalizar, sino educar, promover pensamiento crítico y garantizar entornos informativos confiables.

Un ejemplo actual de cómo cambian las condiciones es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones en octubre de 2025. Sus funciones pasaron a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, directamente bajo el Ejecutivo federal. Esto no limita de inmediato la libertad de expresión, pero sí altera los contrapesos que antes permitían supervisión independiente y pluralidad informativa.

La seguridad pública refleja otra tensión. Su objetivo es proteger la vida y las libertades de las personas, pero la concentración de funciones y la militarización prolongada generan preguntas sobre los límites del poder y la efectividad del control civil.

Incluso los mecanismos de participación directa, como las consultas populares y la revocación de mandato, están delimitados por la Constitución mexicana. No pueden someterse a consulta derechos humanos, materia electoral ni seguridad nacional. Estas restricciones buscan proteger principios fundamentales, pero su eficacia depende de que la ciudadanía y las instituciones entiendan sus límites reales.

CONCLUSIÓN

Los riesgos políticos en México no se explican por una sola causa. Son el resultado de desigualdad persistente, desinformación creciente, tensiones institucionales y la distancia entre lo que la Constitución mexicana promete y lo que la realidad permite ejercer. No se trata de culpar a la ciudadanía ni de idealizar las instituciones, sino de reconocer que la democracia no se sostiene sola. Tal vez el mayor riesgo no sea la crisis, sino la normalización de estas tensiones. 

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REFERENCIAS

INE, (2023, 5 de diciembre ). Cumbre de la democracia electoral. Central Electoral. https://goo.su/uhyg

UNESCO. (2023, 16 de noviembre). El desafío de la desinformación en procesos electorales. https://goo.su/gEdL

IFT. Página principal de Comunicación y Medios. https://www.ift.org.mx/