REFORMA ELECTORAL DESDE EL PODER: CUANDO EL ÁRBITRO DEJA DE SER IMPARCIAL

LA TENTACIÓN AUTORITARIA DISFRAZADA DE AUSTERIDAD DEMOCRÁTICA

La reforma electoral que hoy impulsa Morena marca un punto de quiebre en la historia política moderna de México. No por su contenido aislado, sino por su origen. Esta sería la primera vez que una reforma electoral no surge desde la exigencia de la oposición, de la ciudadanía o de quienes buscan alternancia, sino desde el propio gobierno en funciones. Y ese dato, por sí solo, debería encender todas las alertas democráticas.

Históricamente, las reformas electorales han sido impulsadas por quienes enfrentan al poder, por quienes desconfían de un árbitro capturado, por quienes exigen reglas más equitativas para competir. Cuando es el gobierno quien propone rediseñar las reglas del juego, lo hace —inevitablemente— para jugar con ventaja. No es una acusación ideológica; es una constante empírica en la ciencia política comparada.

Morena quiere una reforma desde el gobierno y para el gobierno. Quiere más poder institucional para el oficialismo y menos margen de acción para la ciudadanía. Menos pluralidad en el Congreso. Menos autonomía del árbitro electoral. Menos reglas para emparejar la cancha. Más capacidad del poder para administrar la democracia en lugar de someterse a ella.

¿QUÉ CONTEMPLA LA PROPUESTA?

El discurso oficial presenta la reforma como un ejercicio de austeridad, eficiencia y cercanía ciudadana. Sin embargo, detrás de esa narrativa hay cambios estructurales que merecen un análisis crítico.

Uno de los ejes centrales es la reducción del número de legisladores: pasar de 500 a 400 diputados y de 128 a 96 senadores. A primera vista, la medida parece atractiva en términos de ahorro. Pero en términos democráticos, implica menos representación, menos voces y mayor concentración del poder legislativo en manos de mayorías consolidadas. En sistemas profundamente desiguales como el mexicano, reducir curules no fortalece la democracia: la empobrece.

La propuesta también plantea la elección directa de los escaños de representación proporcional, sustituyendo las listas plurinominales tradicionales por listas estatales votadas en las urnas. Aunque se presenta como un avance democrático, el riesgo es evidente: desdibujar la función compensatoria de la representación proporcional, diseñada precisamente para corregir las distorsiones del sistema mayoritario y garantizar la presencia de minorías políticas.

En materia de financiamiento, se propone una reducción significativa a los recursos de los partidos y a los costos operativos de las elecciones. La austeridad, sin controles adecuados, puede convertirse en una forma sofisticada de asfixia institucional, donde solo quien controla el aparato del Estado puede competir en condiciones reales.

Respecto al INE, la presidenta ha insistido en que su autonomía no será eliminada. Pero la experiencia democrática enseña que la autonomía no se pierde de un golpe, sino por desgaste, por ajustes “técnicos”, por recortes presupuestales y por la redefinición de competencias que terminan subordinando al árbitro al poder político.

Finalmente, la reforma impulsa la expansión de mecanismos de democracia directa, como la revocación de mandato. Estos instrumentos, lejos de ser neutrales, pueden convertirse en herramientas plebiscitarias cuando se activan desde el poder y no desde la ciudadanía organizada.

LOS PELIGROS DE UNA DEMOCRACIA ADMINISTRADA

El mayor riesgo de esta reforma no es un artículo específico, sino su lógica de fondo. Morena concibe la democracia no como un sistema de límites al poder, sino como un mecanismo que puede ser gestionado desde el gobierno. Eso rompe con el principio liberal-democrático esencial: que el poder debe competir en condiciones de desventaja frente a las reglas, no moldearlas a su favor.

Menos pluralidad legislativa significa menos deliberación. Un árbitro debilitado significa menos confianza. Y una ciudadanía con menos herramientas institucionales significa más poder concentrado. La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde reformas “austeras” y “populares” terminaron erosionando los cimientos democráticos.

CONCLUSIÓN

La democracia no se defiende solo votando. Se defiende cuidando las reglas, especialmente cuando quien gobierna pretende reescribirlas. Esta reforma electoral no es un ajuste técnico: es una disputa por el control del sistema político. Y cuando el poder decide cómo se le puede disputar, la competencia deja de ser justa.

México no necesita una democracia más barata. Necesita una democracia más fuerte, más plural y más autónoma.

La discusión está abierta. La responsabilidad también.

La democracia no muere cuando llegan los tanques; muere cuando el poder convence a la sociedad de que limitarlo es innecesario. Toda reforma electoral impulsada desde el gobierno es una confesión implícita: el poder ya no quiere competir, quiere permanecer. Y cuando el gobierno busca administrar la democracia, lo que realmente está haciendo es administrar el futuro de todos. Defender las reglas hoy es la última línea de defensa para no lamentar mañana lo que dejamos pasar en silencio.